(PP) Cristina Cifuentes elimina el derecho de reunión y la democracia

Pide a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que respete el derecho de reunió. PARTICIPA EN LA INICIATIVA, ENTRANDO EN EL FORMULARIO, DISPONIBLE AQUI:

http://oiga.me/campaigns/pide-a-la-delegada-del-gobierno-cristina-cifuentes-que-respete-el-derecho-de-reunion

Ayer, 14 de febrero de 2012, la policía disolvió la asamblea de "cafés indignados" del 15M, siguiendo las órdenes de la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes. Además, fueron identificadas más de 50 personas, se prohibió hacer fotografías y se retiraron móviles. Por este y otros hechos ocurridos en los últimos meses, consideramos que Cristina Cifuentes, está vulnerando el derecho de reunión recogido en el artículo 21 de la Constitución:

Artículo 21.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacifica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. http://constitucion.rediris.es/legis/1978/ce1978.html#t1c2s1

Cristina Cifuentes pone presuntamente en tela de juicio si en España hay estado de derecho constitucional, o la aplicación de la represión policial al márgen de la libertad.

Ocho meses después del 15 de mayo, las nuevas autoridades han dejado entrever una velada amenaza de imponer sanciones económicas a los promotores de las Asambleas que no estén oficialmente comunicadas, aplicando la Ley 1/1992, la llamada “Ley Corcuera”. Ante esta situación, debemos manifestar:

Mariano Rajoy con su amiga Cristina Cifuentes

Que entendemos que si la Delegación del Gobierno hace una interpretación excesivamente restrictiva del derecho de reunión, exigiendo un requisito administrativo omitido durante meses (la comunicación por escrito de las Asambleas, explicando el objeto de las mismas, etc), se estaría contraviniendo el mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (artículo 9 C.E.), y supondría un grave retroceso en la conquista de los derechos fundamentales que tanto esfuerzo ha requerido en la Historia reciente de nuestra sociedad.

Que estamos en presencia de un movimiento asambleario, en el que a nadie se le puede adjudicar el papel de organizador o promotor o inspirador (no existe el femenino en nuestra legislación), que serían las personas objeto de sanción, salvo a la totalidad de la ciudadanía que de una u otra forma participa en las mismas.

Que la amenaza por parte de la Autoridades públicas de imponer sanciones de hasta 30.000 € por participar en una Asamblea en la que se debaten los problemas que actualmente más afectan a la ciudadanía (inexistencia de mecanismos que garanticen los derechos sociales, vivienda digna y adecuada, trabajo justamente remunerada, educación y sanidad públicas, gratuitas y de calidad), ensancharía aún más la brecha existente entre la ciudadanía y la clase política.

Por tanto, queremos hacer un llamamiento a la Delegación del Gobierno para que respete, de una manera real y efectiva, el derecho de todas las personas a su participación en la actividad política, sin inmiscuirse ilegítimamente en sus formas de organización, ni pretender imponer la censura previa de sus reuniones.
Para un contacto más directo con la delegada del gobierno, podéis utilizar su cuenta de twitter: @ccifuentes