Si parecía dura la llamada ley Sinde... no os cuento lo que nos espera
con la nueva ley Wert, Ni las mas audaces dictaduras han soñado jamás
con obtener semejante medio de represión del conocimiento.
En el siguiente vídeo, hablamos detenidamente sobre ello y al final del vídeo os explicamos de donde vienen estas cosas.
Tras varias denuncias por parte de colectivos y webs preocupadas por las libertades, la comisión europea ha descubierto que el Acuerdo de libre Comercio entre Canadá y la UE (CETA) encubre las mismas sanciones penales que ya rechazara el pasado mes de Julio respecto al ACTA.
Entre otras medidas, prevé la intervención de las comunicaciones
ciudadanas mediante puertas traseras y fiscalización del tráfico de
datos.
11-10-2012 - Fran Andrades - NAción Red.- Como ya hemos señalado en Nacion Red anteriormente,
la ronda final de negociaciones ahora mismo en proceso en Bruselas, del
10 al 26 de octubre, completamente falto de transparencia, nos muestra
el intento de a volver a traer las sanciones y restricciones que se contemplaban en el ACTA,
en una repetición acelerada del anterior proceso que busca una
aprobación precipitada de lo que ya ha sido ampliamente rechazado.
Las medidas sobre los supuestos derechos de autor suponen, de
facto, un atropello a los derechos de los ciudadanos de la Unión
Europea. En su articulado, se desarrollan una serie de medidas
totalmente contrarias a los derechos cívicos y la privacidad, mostrando
especial virulencia contra las prácticas culturales online que no pertenezcan al lobbie de productores y editores .
La filtración de las transcripciones del debate negociador,
ha supuesto un auténtico escándalo, al recoger aseveraciones acerca de
la necesidad de endurecer la criminalización de cualquier práctica que
contravenga derechos de autor o asociar a prácticas comerciales
la difusión de obras gratuitas, aunque sea expresamente consentida.
Esto supone atacar licencias como la Creative Commons, con el único objeto de impedir la libre difusión cultural.
Lo que se persigue, es un entorno puramente comercial, en el que las
prácticas libres no tengan cabida y todo sea mercantilizado y controlado
por la élite del conglomerado mediático-editorial.
En palabras de Jérémie Zimmermann, cofundador y portavoz de la organización ciudadana La Quadrature du Net:
“Una vez más, la Comisión Europea y los Gobiernos de los Estados
miembros de la UE están tratando de imponer medidas represivas contra
las prácticas culturales en línea. Grandes sanciones penales no tienen
cabida en un acuerdo comercial. Si aparecen en el texto final del CETA, el contrato perderá toda legitimidad y tendrá que opone frontalmente, como ACTA. Esta tendencia de colarse medidas represivas a través de acuerdos comerciales negociados deben cesar”
Los internautas aseguran que su ex abogada era una doble
China censura en Internet la palabra "sosias" a causa de la pena de Gu Kailai
Este miércoles las autoridades chinas han bloqueado la palabra 'sosias' en los buscadores de la red por el caso de Gu Kailai
Muchos internautas aseguraron que la mujer del ex diregente del Partido
Comunista chino estaba siendo defendida por una doble, que también era
una escritora de éxito.
Gu Kailai
Las autoridades chinas bloqueaban el miércoles la palabra "sosias" en los motores de búsqueda de internet, ante los rumores que afirmaban que la ex abogada Gu Kailai, declarada culpable el lunes del asesinato de un británico, estaba representaba en el tribunal por una doble.
La esposa del alto dirigente comunista Bo Xilai fue condenada a la pena de muerte conmutada en pena de cárcel por este crimen, en el centro de un escándalo que sacudió al Partido Comunista y provocó millones de comentarios en internet.
La televisión estatal emitió unas imágenes de la abogada de 53 años cuando declaraba antes los jueces en las que aceptaba el veredicto. Pero la mujer, también escritora de éxito, apareció con el rostro hinchado y unos kilos de más que le daban una apariencia muy distinta a la que presenta en las fotos más antiguas.
Muchos internautas,
convencidos de que se beneficiaría de todas formas de un trato
preferente, dado que su esposo ha sido miembro de la oficina política
central, difundieron la tesis de que se había juzgado a una sosias de Gu Kailai en su lugar.
Las
autoridades chinas, debilitadas por el alcance del escándalo Gu
Kailai/Bo Xilai, muestran señales de nerviosismo a medida que se acerca
el Congreso del Partido Comunista de este otoño, en el que tendrá lugar
una transición política, por primera vez en la era de los medios
sociales.
La censura en internet ha sido extensa en lo referente al juicio de Gu Kailai.
Los grandes periódicos han recibido la clara instrucción de utilizar
solo la agencia oficial China Nueva en sus páginas internet, algo
habitual en China con los casos sensibles.
NUESTRO COMENTARIO: Escalofriante la información que publica hoy el diario EL CORREO en el que podemos ver, como España está en manos de alguien, que está usando su poder e influencia para machacar a los débiles. Los recortes brutales, injustos y desproporcionados de Rajoy solo destruyen más aún España, no favorecen el empleo, no crean crecimiento y hunden más al país. En resumen, no tiene ni la más mínima idea este Sr. de que es la crisis ni de cómo salir de ella. Los inversores ya han venido rechazando esta medidas de austeridad mortal, dejando de creer en un país, que no es capaz de invertir en sí mismo para salir adelante. Rajoy está machacando a España y por ende, a los Españoles.
Si está usted desempleado y al borde del abismo, la respuesta del PP o como se le empieza a conocer PP - PELIGRO PUBLICO, podría ser "¡que se jodan!" Si bien es cierto que Andrea Fabra, la responsable del exabrupto dijo que se refería a otra cosa (nosotros pensamos y entendemos que no), el ¡que se jodan! se produjo (según tenemos entendido) cuando se anunciaba el recorte de la prestación del desempleo y en esos momentos, el partido socialista se quejaba de la medida con abucheos. Fue entonces, entendemos que ocurrió así, cuando esta señora dijo "¡que se jodan!" y aunque hábilmente ha intentado pasarle la patata caliente al partido socialista, diciendo que no se refería a los parados, sino al PSOE por formar barullo, entendemos que el ¡que se jodan! incluye en el paquete a ambos. ¿Qué diferencia hay entre lanzar este insulto contra quienes sufren la medida (parados) o contra quienes les han defendido (PSOE) diciendo que la medida es injusta? Y no justificamos desde estas líneas las políticas antiguas del PSOE, ni los errores gravísimos de Zapatero, no. No se confunda el lector. Solo hacemos incapié en que en ese determinado momento, los diputados del partido socialista se quejaban de la injusticia que se estaba haciendo con los desempleados y fue cuando sono el "¡que se jodan!"
¿Cómo lo entendemos? Pues entendemos que nos han dicho que nos jodamos todos. Que se joda usted, que me joda yo. Que nos jodamos todos. Y por muy hábil que sea esta señora, "la Fabra" aquí también somos hábiles en el uso de las palabras, y su interpretación.
Un partido que es capaz de llevar un país a una guerra civil, en el que la gente lucha por su supervivencia. El Partido Popular, o PELIGRO PUBLICO. Decida usted con que slongan se queda.
Los recortes del Gobierno y la envergadura de la crisis han encendido todas las alarmas en Naciones Unidas. El último informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU, remitido el pasado junio al Ejecutivo, critica sin ambages los ajustes aprobados en los últimos meses que, denuncia, «perjudican de forma desproporcionada» a los más desfavorecidos. El informe reprocha al Gobierno buena parte de las medidas adoptadas en los últimos meses y, en particular, los recortes en sanidad, educación, planes de empleo y pensiones.
El estudio, que es anterior al último paquete de recortes (reducción de las ayudas a la dependencia y prestaciones de desempleo, amén de la subida del IVA)es muy pesimista. La inquietud de la ONU ya no se centra -como antaño- en inmigrantes, presos o mujeres maltratadas, sino en buena parte de la población general.
El comité asegura estar «preocupado» por la «reducción de los niveles de protección» provocada por «las medidas de austeridad». Recortes que -asegura- castigan en demasía a los grupos desfavorecidos y a los marginados, entre los que cita a mujeres, niños, personas con discapacidad, «los adultos y los jóvenes desempleados», las personas mayores, los gitanos, los inmigrantes y los solicitantes de asilo.
La ONU muestra especial inquietud por los altos niveles de paro que están provocando las reformas. Afirma que el actual contexto de crisis hace todavía más preocupante «el continuo incremento de las tasas de desempleo y del desempleo de larga duración». El comité, ante esta perspectiva, hace un llamamiento al Gobierno para que «evite cualquier retroceso» en la «protección de los derechos laborales de los trabajadores» y reclama que «la formación profesional de calidad siga siendo prioritaria», especialmente en los casos de desempleo de larga duración.
Alarmas encendidas también por el deterioro de las condiciones de los que sí tienen trabajo. El análisis señala tajante que el salario mínimo interprofesional (SMI), que recuerda que lleva congelado desde el año 2011, ahora tiene «un valor que no permite un nivel de vida digno». Y lo mismo con las pensiones: «el comité constata con preocupación que las pensiones son, en muchos casos, inferiores al nivel de subsistencia mínimo, lo que pone a sus beneficiarios en riesgo de pobreza». El documento denuncia particularmente la coyuntura de «las mujeres que reciben las pensiones de viudedad más bajas».
Pobreza
Según la ONU, los recortes y la intensificación de la crisis han provocado un incremento «considerable» del índice de personas en riesgo de pobreza en España, hasta el punto de que el 21,8% de la población vive ya por debajo de ese umbral. Un capítulo en el que destaca su especial inquietud por los niños.
Una situación que se hace aún más delicada porque, añade, «las prestaciones económicas a las familias han sido severamente restringidas o incluso, eliminadas, como en el caso de la prestación económica de pago único por nacimiento».
Naciones Unidas denuncia igualmente «la situación de los individuos y de las familias que se encuentran abrumados por los costes de la vivienda tras haber accedido a hipotecas de larga duración». La crisis ha ocasionado que «muchos hayan sido desalojados de sus viviendas» y que otros estén en «alto riesgo de perderla».
El Gobierno no ha hecho público oficialmente este informe a pesar de que la ONU, cuando se lo remitió el pasado 6 de junio, le solicitó que le diera «amplia difusión a las observaciones en todos los niveles de la sociedad».
La comisión de Comercio de la Eurocámara rechaza el acuerdo antipiratería ACTA
Bruselas considera importante conocer el
dictamen del Tribunal Europeo sobre el acuerdo antes de que la
Eurocámara lo vote de forma definitiva
La comisión de Comercio Internacional del
Parlamento Europeo ha rechazado este jueves en un informe, aprobado por
19 votos a favor, doce en contra y ninguna abstención, el acuerdo
internacional contra la piratería en la red (ACTA) y ha recomendado al
pleno de la Eurocámara tumbe el acuerdo definitivamente.
Los eurodiputados socialistas y demócrata, liberales, verdes y del
grupo de la Izquierda Unitaria Europea han votado en bloque en contra el
acuerdo internacional, mientras que los representantes del Partido
Popular Europeo y del grupo de los conservadores y reformistas han
rechazado el informe por entender que se debería esperar a conocer el
dictamen que emita el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE)
sobre la legalidad o no del acuerdo antes de someterlo a votación en
sesión plenaria.
La Comisión Europea remitió a
finales de mayo el ACTA ante tribunal europeo con sede en Luxemburgo con
el objetivo de que se pronuncie sobre si el acuerdo internacional
respeta los derechos fundamentales, en un intento por calmar las dudas y
críticas que ha levantado entre los Internautas europeos.
Bruselas sostiene que ACTA no modifica en nada las reglas europeas o
nacionales de los Estados miembros en lo que se refiere a Internet, sino
que fija un marco a escala internacional para hacer valer fuera de las
fronteras comunitarias las leyes que rigen dentro. "Nada de lo que es
legal dejará de serlo con la entrada en vigor de ACTA y nada de lo que
es ilegal dejará de ser ilegal", recalcan fuentes comunitarias.
Pese a ello, organizaciones de internautas han mostrado preocupación
por las consecuencias de un tratado que, a su juicio, podría impulsar
medidas concretas contra la piratería de películas y música y facilitar
el control estatal sobre la comunicación en Internet
EQUILIBRIO DE DERECHOS
Los principales argumentos de los eurodiputados para rechazar el
acuerdo antipiratería es que no garantiza a su juicio el equilibrio
entre los derechos de propiedad intelectual, la libertad de empresa, la
protección de datos personales y la libertad para recibir o dar
información y critican que los derechos de propiedad intelectual tal y
como los contempla ACTA no responden a las especificidades de cada
sector y ello podría traducirse en incertidumbre para las empresas
europeas.
Las comisiones de Libertades Civiles, de
Industria, Asuntos Legales y Desarrollo del Parlamento Europeo ya habían
rechazado con anterioridad el tratado internacional contra la piratería
ACTA y reclamaron a la comisión de Comercio Internacional, la
competente para pronunciarse sobre el mismo, que también lo rechazara.
El ponente del informe votado este jueves, el eurodiputado socialista
británico David Martin, ha reconocido su "satisfacción" por el rechazo
al ACTA, igual que el eurodiputado de ICV, Raül Romeva, que ha criticado
"los intentos de retrasar la votación y la presión" y ha confiado en
que el pleno vote el acuerdo "antes del verano" para poder "poner fin al
proceso de ratificación de ACTA".
"Gracias a la
movilización masiva de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad
civil, estamos a punto de rechazar definitivamente ACTA. Hoy hemos
avanzado en el rechazo del ACTA y se confirmó que el acuerdo plantea una
grave amenaza para la garantía de los derechos fundamentales", ha
recalcado el catalán, que ha instado a la ciudadanía a no bajar la
guardia y a continuar sus movilizaciones "para que ACTA sea finalmente
enterrado".
El eurodiputado liberal italiano, Niccolo
Rinaldi, ha celebrado el rechazo al ACTA de hoy porque demuestra en su
opinión que "la voz de los ciudadanos cuenta" y ha criticado que la
Comisión Europea firmara el acuerdo sin haber hecho las
"clarificaciones" pertinentes y "un análisis de impacto completo" del
mismo en octubre de 2010.
El eurodiputado alemán
'popular', Daniel Caspary, uno de los ponentes en la sombra del informe,
ha insistido en que hay que curar al enfermo y no matarlo, para
justificar la necesidad de esperar a conocer el dictamen del TUE antes
de que la Eurocámara tome una decisión final sobre ACTA. "Es mejor que
curemos al paciente, no lo matemos", ha defendido.
EN PRINCIPIO, EL ACUERDO SE VOTA EN PLENO EN JULIO
El pleno de la Eurocámara tiene "en principio" previsto someter a
votación el acuerdo antipiratería el próximo 4 de julio en Estrasburgo,
según consta en la agenda provisional del orden del día del pleno.
La decisión definitiva sobre si va al pleno o no finalmente se sabrá el
próximo jueves, una vez lo decidan el presidente del Parlamento
Europeo, Martin Schulz, y los líderes de los distintos grupos
parlamentarios en el marco de la Conferencia de Presidentes preparatoria
de las sesiones plenarias.
Los 'populares' y
conservadores en la Eurocámara están intentado presionar para que se
retrase la votación en el pleno, pero "una mayoría" de líderes de grupos
se muestra a favor de votarlo ya en julio, algo que no se sabrá de
forma definitiva hasta el próximo jueves, según han explicado fuentes
parlamentarias.
Si se somete a votación en el pleno,
distintas fuentes parlamentarias, dan por hecho que ACTA será tumbado
definitivamente, teniendo en cuenta el rechazo "en bloque" de la mayoría
de los partidos con representación en la Eurocámara.
Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesita ser ratificado por
al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados
Unidos, Australia, México, Marruecos y Japón. En el caso de la Unión
Europea, deben firmarlo y ratificarlo cada uno de los Estados miembros y
la UE por tratarse de un acuerdo que abarca competencias nacionales y
comunitarias y debe ser ratificado también por la Eurocámara.
El Ejecutivo comunitario ha insistido este jueves en que considera "una
obligación" remitir el asunto al tribunal europeo teniendo en cuenta
"las preocupaciones de los ciudadanos sobre el impacto en los derechos
fundamentales" que tendrán el tratado antipiratería y considera que
importante que la Eurocámara "tenga en cuenta" su dictamen "antes de que
voten" en pleno, que podría emitirse en un plazo de "entre 18 meses o
más", el tiempo "normalmente requerido" por el tribunal para analizar
"este tipo de caso", ha explicado el portavoz comunitario de Comercio,
John Clancy en rueda de prensa.
Bruselas "respeta"
en todo caso la competencia de los eurodiputados para fijar su propia
agenda y decidir si someten o no a votación el acuerdo ya en junio.
"Compete al Parlamento fijar su propia agenda. Les compete decidir a
ellos", ha explicado el también portavoz comunitario, Olivier Bailly.
Paul Krugman: "por alguna razón, se rescata solo a los bancos, no a los parados"
Vaya, otro rescate bancario, esta vez en España. ¿Quién lo habría imaginado?
La respuesta, por supuesto, es que todo el mundo. De hecho, toda esta
historia empieza a parecerse a un manido número de comedia: una vez más
la economía se hunde, el paro se dispara, los bancos tienen problemas,
los Gobiernos se apresuran a acudir al rescate; pero, por alguna razón,
se rescata solo a los bancos, no a los parados.
Ante la pasividad del gobierno, el 44.1% del total de los pobres de España tienen menos de 25 años. Son niños y jóvenes, el 19.4% de los hogares Españoles son pobres.
Para dejar las cosas claras, los bancos españoles sí que necesitaban un rescate. España estaba claramente al borde de un bucle de desgracias;
un proceso bien conocido en el que la preocupación por la solvencia de
los bancos obliga a los bancos a vender activos, lo cual empuja a la
baja el precio de dichos activos, lo cual hace que la gente se preocupe
aún más por la solvencia. Los Gobiernos pueden poner fin a esos círculos
viciosos con una inyección de capital; en este caso, sin embargo, la
propia solvencia del Gobierno de España estaba en duda, de modo que el
capital tenía que venir de un fondo europeo más grande.
Así que no hay nada necesariamente malo en este último rescate
(aunque muchas cosas dependen de los detalles). Lo que llama la
atención, sin embargo, es que al mismo tiempo que los dirigentes
europeos acordaban este rescate, estaban enviando señales claras de que
no tienen intención de cambiar las políticas que han dejado sin trabajo a
casi una cuarta parte de los trabajadores españoles (y a más de la
mitad de los jóvenes).
Y lo más curioso: la semana pasada, el Banco Central Europeo se negaba a bajar los tipos de interés. Todo el mundo se esperaba esta decisión, pero eso no debería impedirnos ver el hecho de que es algo tremendamente extraño. El paro se ha disparado en la eurozona
y todo indica que el continente se encamina hacia una nueva recesión.
Mientras tanto, la inflación se ralentiza y las expectativas del mercado
en cuanto a la inflación futura se han hundido. De acuerdo con
cualquiera de las normas habituales de la política monetaria, la
situación exige una rebaja drástica de los tipos de interés. Pero el
banco central se niega.
Ni el rescate financiero a España ha funcionado. A las pocas horas, la prima de riesgo vuelve a subir a los 520 puntos. Los inversores no creen en las medidas políticas del gobierno, que no genera confianza pues no es capaz de atajar el problema clave: CREAR EMPLEO, CREAR TEJIDO EMPRESARIAL Y CREAR CONDICIONES DE RIQUEZA EN ESPAÑA. El dinero ofrecido a los bancos Españoles, con casi total seguridad, no fluirá hacia la sociedad.
Cómo se dijo en la serie de TV emitida por la cadena HBO, "Malas Noticias", el dinero se prestó a los bancos, y los bancos, no prestaron el dinero. Os dejamos algunos trailers (en Inglés) de la interesante serie, disponible en Español, con el título "Malas Noticias" (Too Big To Fail)
Y eso ni siquiera tiene en cuenta el riesgo cada vez mayor de un
colapso del euro. Durante años, a España y a otros países europeos con
problemas se les ha dicho que solo pueden recuperarse mediante una
combinación de austeridad fiscal y “devaluación interna”, lo que
esencialmente significa rebajar los salarios. Ahora está absolutamente
claro que esta estrategia no puede funcionar a menos que haya un
crecimiento sólido y, sí, un grado moderado de inflación en el “núcleo”
europeo, principalmente en Alemania (lo que da otra razón más para
mantener bajos los tipos de interés e imprimir montones de billetes).
Pero el banco central se niega.
Mientras tanto, los funcionarios de alto rango afirman que la
austeridad y la devaluación interna realmente funcionarían simplemente
con que la gente creyese de verdad en su necesidad.
Fíjense, por ejemplo, en lo que Jörg Asmussen, el representante
alemán en la junta directiva del Banco Central Europeo, acaba de decir
en Letonia, que se ha convertido en el ejemplo perfecto de la austeridad
supuestamente exitosa. (Antes lo era Irlanda, pero la economía
irlandesa sigue negándose a recuperarse). “La diferencia esencial entre,
por ejemplo, Letonia y Grecia”, decía Asmussen, "radica en el grado de
apropiación nacional del programa de ajuste, no solo por parte de los
responsables políticos, sino también de la propia población”.
Podríamos llamarlo el planteamiento de Darth Vader de la política
económica; a todos los efectos, Asmussen está diciéndoles a los griegos:
“Vuestra falta de fe me parece preocupante”.
Ah, y ese éxito letón consiste en un año de crecimiento bastante
bueno después de un declive económico con categoría de depresión a lo
largo de los tres años anteriores. Es verdad que un crecimiento del 5,5%
es mucho mejor que nada. Pero merece la pena señalar que la economía de
Estados Unidos creció casi el doble (¡el 10,9%!) en 1934, cuando salía
de la peor fase de la Gran Depresión. Pero la depresión distaba mucho de
haber terminado.
Junten todo esto y tendrán una imagen de una élite política europea
siempre dispuesta a entrar en acción para defender a los bancos pero,
por lo demás, absolutamente reacia a admitir que sus políticas están
fallando a las personas a las que se supone debe servir la economía.
Y nosotros, ¿estamos mucho mejor? La perspectiva a corto plazo de
Estados Unidos no es tan sombría como la de Europa, pero los pronósticos
de la propia Reserva Federal apuntan a una inflación baja y un paro muy
alto en los próximos años (precisamente las circunstancias en las que
la Reserva debería estar entrando en acción para estimular la economía).
Pero la Reserva Federal se niega.
¿Qué explica esta parálisis transatlántica frente a un continuo
desastre humano y económico? Sin duda la política forma parte de la
explicación; digan lo que digan, las autoridades de la Reserva Federal
se sienten claramente intimidadas por las advertencias de que toda
política expansiva será vista como si la Reserva acudiese al rescate del
presidente Obama. De modo que también se trata de una mentalidad que ve
el sufrimiento económico como una redención, mentalidad que un
periodista británico apodó en cierta ocasión “sadomonetarismo”.
Independientemente de cuáles sean las raíces profundas de esta
parálisis, está quedando cada vez más claro que hará falta una
catástrofe sin paliativos para que haya alguna acción política real que
vaya más allá de los rescates bancarios. Pero no desesperen: al paso al
que van las cosas, especialmente en Europa, la catástrofe sin paliativos
podría estar a la vuelta de la esquina.
Paul Krugman es profesor de Economía de Princeton y Premio Nobel 2008.
(c) New York Times Service 2012. Traducción de News Clips.
El Tribunal de la UE examinará el tratado antipiratería ACTA
El Tribunal de la Unión Europea va a determinar si el polémico
acuerdo mundial de lucha contra la 'piratería' y las vulneraciones de
los derechos de autor ACTAcolisiona con derechos fundamentales de los ciudadanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, informó la Comisión Europea.
El órgano ejecutivo de la UE señaló que había enviado el texto del
Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (Anti-Counterfeiting Trade
Agreement, ACTA) al Tribunal Europeo de Justicia para su evaluación,
como respuesta a las preocupaciones de que podría dañar ciertos derechos fundamentales.
Esta decisión puede complicar y retrasar la entrada en vigor del pacto en toda la UE.
El ACTA está respaldada por Estados Unidos y otros países, pero
muchos países de la UE aún tienen que adoptar y otros, pese a haberlo
firmado, están reconsiderando sus posiciones a la luz de las críticas sobre el contenido del tratado.
"La Comisión tiene como objetivo responder a las preocupaciones expresadas por personas de toda Europa
en lo que el ACTA se refiere, y comprobar si perjudica a los derechos
fundamentales de alguna manera", dijo el ejecutivo de la UE en un
comunicado.
El comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, dijo que el Alto Tribunal aclararía de forma independiente la legalidad del acuerdo. "Teniendo en cuenta que decenas de miles de personas han expresado sus preocupaciones sobre el ACTA,
es apropiado dar a nuestro mayor órgano judicial independiente tiempo
para que emita su opinión jurídica sobre este acuerdo, y éste es un aporte importante al debate público europeo y democrático", dijo.
El Tribunal, con sede en Luxemburgo, puede tardar meses antes de emitir opiniones en estos casos.
Polémica con el ACTA
El pacto tiene como objetivo reducir el robo de la propiedad intelectual mediante la imposición de sanciones por acciones tales como el uso de marcas falsificadas y el intercambio digital a gran escala de archivos de cualquier contenido, desde programas informáticos 'pirateados' a música, cine o televisión.
Algunos políticos y activistas europeos temen que el acuerdo permitirá a las autoridades cortar el acceso a Internet a los presuntos infractores.
Sin embargo los partidarios del acuerdo, entre los que se encuentra la propia Comisión Europea, discuten este extremo e insisten en que sólo castigará los crímenes contra los derecho de autor a una escala comercial.
Está previsto que el Parlamento Europeo, que se ha mostrado escéptico sobre el acuerdo y cuyo respaldo es necesario para que se convierta en norma en la UE, vote sobre el asunto en mayo.
La Comisión, que originalmente negoció el acuerdo con países como Canadá, Australia, Estados Unidos, Japón y México, ya ha pedido a los parlamentarios que pospongan su voto hasta que el Tribunal haya tomado su decisión.
No obstante, David Martin, parlamentario laborista
escocés que encabeza los debates sobre el ACTA, dijo que la intención es
mantener la votación prevista para el 29 de mayo.
Los miembros de la Eurocámara
votaron finalmente en contra de remitir el acuerdo a los Tribunales de
la UE. "Estamos políticamente en contra de llevar el ACTA a la corte porque pensamos que debe ser rechazada de inmediato", dijo Jan Philipp Albrecht, parlamentario alemán del Partido Verde.
La decidida lucha que han emprendido algunos gobiernos para acabar con
el intercambio de archivos (P2P) ha traído consigo una reducción de este
tipo de tráfico. Sin embargo, nos deja un palpable daño colateral: los ingresos por venta de música y películas también han descendido.
Hace un año y medio el Gobierno de Francia impulsaba la llamada Ley Hadopi,
su gran proyecto para acabar con las descargas en Internet de material
protegido con derechos de autor. Mediante la puesta en marcha de un
sistema de rastreo a los usuarios que utilizasen redes como eMule o BitTorrent
se detectaba el intercambio de contenidos con copyright para pasar a
avisar a dicho internauta. Si éste no ceja en este tipo de prácticas
después de varios avisos, corre el riesgo de ser privado de su conexión a
Internet y del pago de una multa.
Con esta medida, las
autoridades francesas aseguran haber frenado el tráfico P2P de forma
"significativa" según han dado a conocer en un informe
en el que hablan de los resultados conseguidos por la comisión Hadopi.
Entre los datos que subraya dicho texto está el importante descenso en
el tráfico a través de redes peer to peer (hasta el 66%) así como el
fuerte bajón que han sufrido en número de visitantes los sitios con
enlaces a contenidos que circulan en estas redes (en torno al 29%).
No
obstante, el informe presentado ignora otra realidad paralela y que
afecta a la industria promotora de esta ley: la industria cultural y del
entretenimiento. Los ingresos que ha logrado este sector en el último
año han caído a la vez que se ha reducido el tráfico P2P, de modo que la
industria del cine perdió un 2,7% y la discográfica bajó un 3,9%.
Esta tendencia viene a demostrar que este tipo de leyes no afectan de
forma directa a la hora de aumentar los beneficios de las grandes
compañías del cine y la música.
Por más que se insista en la persecución del P2P, webs como Megaupload o páginas de enlaces,
la solución a los problemas que vive el sector está en sus propias
manos. Así lo demuestra el éxito que han tenido plataformas como Spotify
o Netflix, en las que se ve cómo los usuarios sí están dispuestos a
pagar por los contenidos siempre que estos tengan unos precios
accesibles y razonables.
Igualmente, no podemos obviar los numerosos estudios que hablan del beneficio que el P2P puede producir en los creadores,
puesto que sirve como vehículo de difusión de sus obras para una
posterior comercialización de sus productos. "Hay que tener en cuenta lo
que Internet nos ha dado a los músicos: mucha proyección, conciertos en el extranjero
y que la gente tenga acceso a tu música sin mediar una distribuidora y
una casa de discos", afirmaba hace unos meses el músico Nacho Vegas.
¿Serán capaces industria y gobiernos de ver esta realidad?
Hace sólo unos días la industria del cine pedía la persecución legal de varias plataformas similares a Megaupload acusándolas
de cometer hechos delictivos. Fileserve y Wupload fueron algunas de las
señaladas. Su reacción no se ha hecho esperar y han decidido restringir
sus servicios para evitar esta acusación.
El poder de la industria del entretenimiento y el precedente
abierto con el cierre de Megaupload ha hecho que las plataformas de
alojamiento y descarga directa tomen medidas para no ser cerradas por
las autoridades de EEUU. El pasado lunes nos hacíamos eco de las
exigencias de importantes compañías de cine como Paramount, en
las que solicitaba la persecución y cierre de varias plataformas
similares a Megaupload por ofrecer unos servicios similares basados en
las constantes infracciones de sus derechos de autor.
Fileserve, Wupload, Mediafire, Putlocker y Depositfiles quedaban
en el punto de mira de un sector que no duda en arremeter contra todo
lo que huela a descarga en la Red. El mensaje lanzado desde Hollywood ha
tenido parte del efecto deseado. Aunque el sector cinematográfico
reconoce abiertamente que lo que busca es el cierre total de estos
portales, sus prácticas intimidatorias han llevado a algunas de ellas a
cambiar su política para no ser denunciadas.
Fileserve y Wupload han sido las últimas en reaccionar.
Aunque la primera de ellas ya tomó una medida similar al conocerse el
cierre de Megaupload a mediados de enero, ha vuelto a insistir en esta
estrategia, consistente en no permitir la descarga de contenidos
almacenados en sus servidores más que por el usuario que allí los ha
alojado. Wupload ha hecho lo propio, dejando ver en su web un mensaje en
que anuncia que la posibilidad de compartir archivos a través de su servicio ha sido eliminada. "Wupload no es un sitio para compartir archivos. Si tú subiste un archivo, sólo tú podrás descargarlo", reza el texto.
Así pues, parece que el camino a seguir por estas plataformas pasa por el marcado por Mediafire,
otra de las que fue criticada por la MPAA y que la semana pasada
introdujo drásticos cambios en su servicio. Con el fin de evitar la
persecución por ser un supuesto "foco de piratería", la web decidió dar
un giro y transformarse en disco duro virtual al estilo Dropbox. Si bien
esto podría minimizar las posibilidades de ser denunciada, habrá que
ver cómo se traduce en visitantes y es más que posible que sufra una
importante pérdida de usuarios.
¿Seguirán el resto de plataformas
estos pasos? Otras como Putlocker han mostrado su intención de plantar
cara a estas acusaciones y no han tardado en pedir a la industria que
esté más pendiente de renovarse y adaptarse a la nueva realidad de Internet que de perseguir otras webs. Mucho nos tememos que, en la tónica habitual, hará caso omiso de esta recomendación.
Si cabe aún peor que SOPA, ya que HR 3523 o CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act) no sólo pone énfasis en la “piratería”, sino que refuerza la infracción de la propiedad intelectual como una amenaza a la seguridad dando plenos poderes a gobierno, federales y “terceros” al acceso a los datos de los usuarios.
Al igual que en el caso de la propuesta del Reino Unido, resulta difícil de comprender cómo se puede llegar a espiar toda la red bajo estas premisas escritas de manera tan vaga.
Con la propuesta en la mano, los proveedores de Internet y el resto de empresas que operan en la red deben acceder a los datos de cada usuario para luego informar a los organismos gubernamentales o compañías asociadas que lo soliciten. Un escrito que debido a su vaguedad ofrece demasiadas dudas sobre el paradero final de los datos privados de los usuarios.
La propuesta permitiría el espionajes de las empresas en los usuarios compartiendo luego la información privada con el gobierno federal y otras compañías no tipificadas con casi total inmunidad de responsabilidad civil y penal. Se crea una especie de “ciberseguridad” única a todas las leyes vigentes.
Para ello Electronic Frontier Foundation ofrece un ejemplo claro:
Con la propuesta y su vaguedad en el lenguaje utilizado, una empresa como Google, Facebook, Twitter o AT&T podría interceptar sus correos electrónicos y mensajes en la red, y enviar copias al gobierno o terceros e incluso a modificar las comunicaciones de los usuarios o impedir que lleguen a su destino si se ajustan al plan tipificado para detener las amenazas sobre “ciberseguridad”
Como vemos, una nueva propuesta que está ganando cada vez más apoyo entre los legisladores y que próximamente espera debatirse en el Congreso. Un proyecto de ley desalentador que, auspiciado en la seguridad, tumbaría la privacidad de los usuarios. No sólo eso, se abriría un peligroso precedente dando la posibilidad al intercambio de datos entre otras empresas relacionadas con el gobierno sin especificar de qué manera serían utilizados, mucho menos cómo serán supervisados.
Si CISPA viera la luz, el gobierno norteamericano podría tener los datos de los usuarios bajo la amenaza de la “seguridad en la red”, momento en el que la propuesta da vía libre a que puedan hacer lo que quieran con ellos.
CISPA, la nueva SOPA, va muy en serio: lista de las grandes compañías que apoyan la legislación
Ayer os hablábamos por primera vez deCISPAy es muy posible que por desgracia nos encontremos ante la nueva SOPA, quizá aún peor. Amparada bajo el término de la “ciberseguridad” esta aberración tendría el poder de actuar sobre cualquiera sin ningún tipo de restricción. Si con SOPA vimos un baile de compañías que la apoyaban y luego se retractaban, CISPA comienza igual, con unalista alargada de grandes corporaciones apoyando los comienzosde una censura sin precedentes. Entre otras, Facebook, Microsoft o IBM.
Y es que HR 3523 o CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act) pasa por ser el nuevo proyecto de los legisladores en Estados Unidos tras el rechazo popular de SOPA y PIPA. Un proyecto con muchas (demasiadas) ramificaciones preocupantes para con los derechos básicos de los usuarios y su privacidad. Una legislación similar a la propuesta del Reino Unidoy su proyecto de monitorización de la red en el país, aunque en este caso amparada en la necesidad de la seguridad en Internet. Bajo esta premisa y debido a la vaguedad de sus términos, da pie a las entidades federales del país para actuar sin impunidad, abierta a cualquier tipo de abuso sobre el usuario.
Con CISPA se crea una “ciberseguridad” de pasaría por encima de cualquier ley existente sobre el mapa digital. No existirían restricciones sobre lo que pueden recopilar y cómo utilizaran esa información siempre y cuando las entidades afirmen estar motivadas por los efectos de la ciberseguridad.
Aún más peligroso resulta pensar qué o quiénes tendrán la posibilidad de actuar bajo HR 3523. Si bien gobierno y federales se apuntan como los principales actores, la NSA (National Security Agency) sería otra de las entidades “beneficiarias”. La misma de la que se supo hace unas semanas que habría construido un complejo secreto en Utah que podría estar operativo en el 2013. Un espacio de espionaje donde se podrán almacenar toda forma de comunicación incluyendo mensajes de correos, llamadas a móviles, búsquedas en Google o cualquier otra forma de comunicación. Un programa que fue creado por el gobierno de Bush.
Cuando se supo de la noticia de este “búnker” que tendría acceso a todo tipo de invasión a la privacidad, la NSA argumentó en el Congreso que no existían actualmente capacidades legales para obtener tales datos. Evidentemente, con CISPA aprobada todo eso cambia.
Por último, se ha filtrado desde hace unas horas un documento de inteligencia de la Casa Blanca donde se muestra una lista de las grandes corporaciones que han escrito ya su carta de apoyo a esta nueva legislación. Sorprende el nombre de algunas que mostraron un fuerte rechazo a SOPA y que ahora, al menos en sus inicios, aprueban la seguridad en la red por encima de muchos de nuestros derechos fundamentales: