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jueves, 21 de marzo de 2013

La piratería musical no daña las ventas digitales, según un estudio de la UE

Un joven sostiene un reproductor de MP3. (GTRES)

  • Un centro de estudios de la Unión Europea afirma que la piratería puede tener un efecto positivo sobre el mercado digital de la música.
  • El estudio afirma que la mayoría de la música digital comprada por vía lícita no se habría adquirido de no existir las webs de descargas ilegales.
  • El 'streaming musical' tiene un efecto "estimulante" en las ventas, aseguran.
  • La conclusión es que la piratería no debe ser vista como una "preocupación creciente" para los propietarios de derechos de autor en la era digital.
Las descargas ilegales y las webs de reproducción en línea o "streaming" no perjudican las ventas de música en formato digital e incluso pueden tener un "efecto positivo" sobre las mismas, según un estudio publicado por un centro de estudios tecnológicos de la Unión Europea (UE).

Estas son las principales conclusiones del estudio titulado Consumo de música digital en internet, publicado este mes por el Instituto de Estudios Tecnológicos Prospectivos (IPTS) , organismo con sede en Sevilla (España) y dependiente del Centro Común de Investigación de la UE (JRC).

Basado en datos de 16.200 usuarios de internet de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido recopilados durante 2011, el informe analiza comportamientos concretos como las visitas a páginas piratas o el uso del streaming y su impacto sobre las ventas musicales, una relación que hasta ahora no había sido analizada en profundidad, según los expertos.
Los resultados del informe "no aportan ninguna prueba de que se produzca un desplazamiento de las ventas digitales" debido a la descarga de música por vías ilegales o por el uso de páginas que permiten reproducir música en línea sin pagar derechos de autor. "Esto significa que incluso si se vulnera la propiedad intelectual de la obra, es poco probable que los ingresos por música digital se vean muy perjudicados", señala el estudio, que además apunta a un "efecto positivo" sobre las ventas de "nuevas vías de consumo" como el streaming.

Los efectos de las descargas dependen del país

Pese a que existen importantes diferencias entre países en cuanto a los efectos de las descargas sobre las ventas, de los resultados se desprende que existe "una pequeña complementariedad" entre las diferentes formas de consumo musical en formato digital.
En el caso de España, se observa "un número de 'clics' en webs de descargas ilegales mucho mayor que en resto de países", así como el segundo menor número de 'clics' en portales que venden música en formato digital, por detrás de Italia.
A nivel general, los datos recopilados demuestran que la mayoría de la música que los usuarios obtienen por vía ilícita "no se habría adquirido de no existir webs de descargas ilegales", según el estudio.
El "streaming musical", por su parte, tiene un efecto "estimulante" en las ventas de música en formato digital, según las conclusiones del informe.

Un negocio que sube cada año

Estos resultados sólo analizan el consumo musical en formatos como el MP3 pero no tienen en cuenta los soportes físicos como el CD o el vinilo, por lo que "deben ser interpretados en el contexto de una industria musical que aún está evolucionando", señalan los expertos.

Las ventas musicales aumentaron en un 1.000 % entre 2004 y 2010 en todo el mundo, y en 2011 crecieron un 8 % anual hasta alcanzar una facturación global de 5.200 millones de dólares (unos 4.000 millones de euros), datos que demuestran "la importancia de la digitalización de la industria", según el IFPI.
"Por tanto, los resultados sugieren que la piratería musical digital no debe ser vista como una preocupación creciente para los propietarios de derechos de autor en la era digital", concluye el estudio.

Fuente
http://www.20minutos.es/noticia/1764017/0/pirateria-musical/no-dana-ventas/digitales-eu/#


domingo, 17 de marzo de 2013

El gobierno quiere domesticar internet con la nueva ley de propiedad intelectual

¿Recuerdan la Ley Sinde? ¿ Creen que era dura? Pues prepárense, porque comparada con el proyecto de ley de propiedad intelectual que prepara el gobierno y que probablemente se apruebe el próximo viernes en el consejo de ministros, era un juego de niños.
El nuevo proyecto del PP nace con objetivos claros,  controlar  y domesticar internet para que deje de ser un elemento crítico a las políticas gubernamentales,  criminalizar a los usuarios, controlar la red para los negocios de las grandes empresas, impedir el acceso a la información, la cultura y el conocimiento libres, generando de paso barreras de entrada a los nuevos emprendedores convirtiendo un espacio de libertad en un coto privado de caza.

Según cuentan en  Tu2sis , en un artículo estupendamente documentado, la ley viene acompañada por una reforma la ley de enjuiciamiento civil que permitirá identificar a “los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de la propiedad intelectual con fines comerciales”.

El juez obligará a las operadoras, como Telefónica, Orange o Vodafone, a identificar a los clientes que sea proveedores de contenidos y no hayan respondido a los requerimientos de Cultura por la demanda de infracciones de propiedad intelectual. Bruselas ya trató hace dos años de obligar a las operadoras a detectar y bloquear las obras que violasen los derechos de autor, convirtiéndolas en una especie de policías de la red, a lo que se negaron en redondo.
Lo más fuerte de todo es que las competencias sancionadoras no las asumirá una comisión, como en el caso de la ley Sinde, sino la propia secretaría de estado de Cultura, dirigida por el notorio enemigo de la libertad en la red, Jose María Lassalle.

Por cierto, recordarán que cuando el gobierno del PSOE presentó el desastre llamado Ley Sinde, la red se incendió convenientemente pastoreada en contra de una medida injusta, pero mucho más moderada que ésta.  Se firmaron manifiestos, todos los medios se hicieron eco, e incluso se organizó una reunión con la ministra que terminó en sainete.

Les recomiendo que durante los próximos días observen a su alrededor y escuchen los clamorosos silencios de unos cuantos gurús que entónces gritaban legítimamente indignados y presos de santa indignación y que ahora callarán.

Fuente

martes, 12 de febrero de 2013

Ésta es la 'Comisión Sinde'


DERECHOS DE AUTOR | Los nombres de sus miembros

Ésta es la 'Comisión Sinde'

 

La Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, es decir, la 'Comisión Sinde', tiene nombres y apellidos. Esta sección, formada por funcionarios, está encargada de decidir la comunicación y retirada de contenidos supuestamente 'piratas' a petición de los titulares de los derechos de autor.

Hasta la fecha, desde el Gobierno se ha amparado en la Ley Orgánica de Protección de Datos para mantenerlos en el más absoluto secreto.

Todo ello, a pesar de las protestas de algunos juristas que del 'anonimato' de las notificaciones de la Sección Segunda -sólo venían firmadas por su presidenta, Teresa Lizaranzu-, algo que según él podría dejar en la "indefensión" a las partes implicadas, al no poder recusarles en caso de conflicto de intereses

No obstante, desde Cultura se afirma que se proporcionan los nombres a las partes implicadas en el marco de su defensa, por si fueran de utilidad para un posible recurso, pero insiste en que "no pueden ser utilizados fuera de este marco".

Ahora, el Navegante ha podido conocer los nombres de los funcionarios que integran dicha Sección Segunda.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

Teresa Lizaranzu Perinat

Licenciada en Derecho y diplomática de carrera, es directora general de Industrias Culturales y del Libro, que depende de Cultura. Tiene experiencia en cargos para el servicio exterior, tras su paso por por la Embajada de España en Berlín como consejera, y más tarde como Subdirectora General del Magreb en Exteriores. Compatibiliza este cargo con el de directora de Acción Cultural Española, que depende de Exteriores. Casada con Álvaro Nadal, director de la Oficina económica de La Moncloa.

CULTURA

Carlos Guervós Maíllo (Titular)
Licenciado en Derecho, es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y desdev 2011 tiene el cargo de subdirector general de Propiedad Intelectual. Se incorporó al Ministerio de Cultura como Vocal Asesor y Secretario de la Comisión de Propiedad Intelectual en noviembre de 2010. En el primer semestre de 2010 presidió el Grupo de trabajo Propiedad Intelectual-Derechos de autor, del Consejo de la Unión Europea. Antes ocupó diversos puestos en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Trabajo.

Jaime de Mendoza Fernández (Suplente)

Es jefe del sector de derecho de autor de la Subdirección General de Propiedad Intelectual. En un artículo para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para 2010, se muestra defensor de la explotación económica de los derechos de autor por parte de las instituciones culturales públicas, como un camino hacia la 'autogestión'. Un año antes participó en un foro invitado por el bufete de abogado Garrigues sobre Propiedad Intelectual y Tecnología.

INDUSTRIA

Carlos Romero Dupla (Titular)
Licenciado en derecho y abogado del estado, es ahora subdirector general de Contenidos de la Sociedad de la Información en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Ha sido director de área en Red.es y asesor de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, tras su paso por la Audiencia nacional como abogado del Estado. Como curiosidad, es hijo del X marqués de San Saturnino y VIII conde de Fontao, conocido abogado y asesor de la Casa Real.

Gema María Campillos González (Suplente)

Subdirectora general de Servicios de la Sociedad de la Información en el Ministerio de Industria. Defensora de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, sobre la que escribió (PDF) que "su gestación fue más larga y complicada de lo que, en principio, se esperaba", debido "en parte, a la polémica generada en algunos sectores sobre su incidencia en el derecho a la libertad de expresión, pese a la publicidad y diálogo mantenidos desde el comienzo de su tramitación por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, responsable de la elaboración de la Ley".

PRESIDENCIA

Lucía Escapa Castro (Titular)

Cuenta con experiencia en cargos en los ministerios de Hacienda, Defensa y Presidencia. Actualmente es subdirectora general de de Tecnologías y Servicios de Información en el ministerio. Durante cuatro años (2000-2004) trabajó en Santillana Formación (Grupo Prisa), según su propio perfil en LinkedIn. Autora del blog Pienso, Luego Escribo, en el que se define como "liberal, progresista y no de izquierdas".

Luis Pedro Villameriel Presencio (Suplente)
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Asesor de la Secretaría General Técnica, anteriormente fue secretario general técnico del Ministerio de Sanidad y Política Social hasta su cese en diciembre de 2011.

ECONOMÍA

Pedro Cortegoso Fernández (Titular)
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, es asesor del gabinete técnico en la Subsecretaría de Ciencia e Innovación (Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Inovación).

Mar Omedas Aldanondo (Suplente)
Abogada y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Fuente
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/11/navegante/1360581254.html

viernes, 12 de octubre de 2012

Filtración de la comisión europea descubre que CETA es un acuerdo que encubre sanciones del rechazado ACTA.

Tras varias denuncias por parte de colectivos y webs preocupadas por las libertades, la comisión europea ha descubierto que el Acuerdo de libre Comercio entre Canadá y la UE (CETA) encubre las mismas sanciones penales que ya rechazara el pasado mes de Julio respecto al ACTA. Entre otras medidas, prevé la intervención de las comunicaciones ciudadanas mediante puertas traseras y fiscalización del tráfico de datos.

11-10-2012 - Fran Andrades - NAción Red.- Como ya hemos señalado en Nacion Red anteriormente, la ronda final de negociaciones ahora mismo en proceso en Bruselas, del 10 al 26 de octubre, completamente falto de transparencia, nos muestra el intento de a volver a traer las sanciones y restricciones que se contemplaban en el ACTA, en una repetición acelerada del anterior proceso que busca una aprobación precipitada de lo que ya ha sido ampliamente rechazado.

Las medidas sobre los supuestos derechos de autor suponen, de facto, un atropello a los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. En su articulado, se desarrollan una serie de medidas totalmente contrarias a los derechos cívicos y la privacidad, mostrando especial virulencia contra las prácticas culturales online que no pertenezcan al lobbie de productores y editores .

La filtración de las transcripciones del debate negociador, ha supuesto un auténtico escándalo, al recoger aseveraciones acerca de la necesidad de endurecer la criminalización de cualquier práctica que contravenga derechos de autor o asociar a prácticas comerciales la difusión de obras gratuitas, aunque sea expresamente consentida. Esto supone atacar licencias como la Creative Commons, con el único objeto de impedir la libre difusión cultural. Lo que se persigue, es un entorno puramente comercial, en el que las prácticas libres no tengan cabida y todo sea mercantilizado y controlado por la élite del conglomerado mediático-editorial.

En palabras de Jérémie Zimmermann, cofundador y portavoz de la organización ciudadana La Quadrature du Net:



“Una vez más, la Comisión Europea y los Gobiernos de los Estados miembros de la UE están tratando de imponer medidas represivas contra las prácticas culturales en línea. Grandes sanciones penales no tienen cabida en un acuerdo comercial. Si aparecen en el texto final del CETA, el contrato perderá toda legitimidad y tendrá que opone frontalmente, como ACTA. Esta tendencia de colarse medidas represivas a través de acuerdos comerciales negociados deben cesar”


Foto | Piotsry


Vía | La quadrature du net

Fuente
http://www.internautas.org/html/7207.html

sábado, 1 de septiembre de 2012

El juicio contra el soldado Manning se iniciará el 4 de febrero de 2013

La jueza militar Denise Lind, que encabeza el proceso contra el principal sospechoso de filtrar los miles de cables diplomáticos estadounidenses a Wikileaks, el soldado estadounidense Bradley Manning, ha establecido que el juicio contra él se inicie el 4 de febrero de 2013.

Lind ha dicho que el juicio se celebrará entre el 4 de febrero y el 15 de marzo, según ha informado el diario británico 'The Guardian'. Las autoridades estadounidenses le han acusado de 22 cargos, entre ellos, colaboración con el enemigo, lo que implica habitualmente la pena de muerte. No obstante, los fiscales han descartado la pena capital de forma momentánea.

En febrero de 2013 se cumplirán tres años desde que Manning fue puesto bajo custodia, lo que supera el periodo de 120 días permitido por el reglamento militar entre la detención y el inicio del juicio. La decisión de Lind se ha producido tras una sesión previa en Fort Meade, en la que Manning ha estado presente.

El abogado de Manning, David Coombs, está tratando de invalidar todos los cargos que se le imputan, aduciendo que el procesamiento judicial al que ha sido sometido su cliente es ilegal en base a la violación de los considerandos constitucionales que prohíben castigos crueles y no amparados por la ley. En concreto, Coombs hace especial hincapié a las condiciones en las que se halló durante su estancia en la prisión militar Quantico, en Virginia, después de que fuera arrestado en mayo de 2010.

En la vista previa de noviembre, la jueza podría incluso decidir retirar todo el caso en caso de que considere que Manning ha sido tratado de forma ilegal durante su detención. El 11 de agosto, Coombs afirmó que su defendido está siendo víctima de una "flagrante violación" del código militar con continuas "degradaciones" y "humillaciones".

El abogado de Manning recrimina en el artículo trece del recurso presentado ante las autoridades estadounidenses que el recluso está siendo castigado con "degradaciones" y "humillaciones" sin que haya sido sometido a un juicio, lo que supone una "flagrante violación" de los códigos del Ejército norteamericano.

Manning está encarcelado en una celda de 1,8 x 2,4 metros durante al menos 23 horas al día, según alegó Coombs en la recusación. Además, recriminó que sus vigilantes carcelarios no le permitan tumbarse o apoyarse en la pared cuando no duerme y que le obliguen a permanecer desnudo fuera de su celda durante la inspección matutina.

"Manning era despertado a las 5.00 horas y debía permanecer despierto en su celda hasta desde las 5.00 horas a las 22.00 horas", no podía permanecer más de cinco minutos en la ducha, solo podía ver la luz del día durante no más de 20 minutos al día, apenas salía de su celda y es obligado a permanecer esposado de manos y piernas con la compañía de dos guardias de forma continua, explicó Coombs.

Fuente
http://www.canariasahora.es/noticia/231828/