El gobierno quiere domesticar internet con la nueva ley de propiedad intelectual

¿Recuerdan la Ley Sinde? ¿ Creen que era dura? Pues prepárense, porque comparada con el proyecto de ley de propiedad intelectual que prepara el gobierno y que probablemente se apruebe el próximo viernes en el consejo de ministros, era un juego de niños.

El nuevo proyecto del PP nace con objetivos claros,  controlar  y domesticar internet para que deje de ser un elemento crítico a las políticas gubernamentales,  criminalizar a los usuarios, controlar la red para los negocios de las grandes empresas, impedir el acceso a la información, la cultura y el conocimiento libres, generando de paso barreras de entrada a los nuevos emprendedores convirtiendo un espacio de libertad en un coto privado de caza.

Según cuentan en  Tu2sis , en un artículo estupendamente documentado, la ley viene acompañada por una reforma la ley de enjuiciamiento civil que permitirá identificar a “los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de la propiedad intelectual con fines comerciales”.

El juez obligará a las operadoras, como Telefónica, Orange o Vodafone, a identificar a los clientes que sea proveedores de contenidos y no hayan respondido a los requerimientos de Cultura por la demanda de infracciones de propiedad intelectual. Bruselas ya trató hace dos años de obligar a las operadoras a detectar y bloquear las obras que violasen los derechos de autor, convirtiéndolas en una especie de policías de la red, a lo que se negaron en redondo.

Lo más fuerte de todo es que las competencias sancionadoras no las asumirá una comisión, como en el caso de la ley Sinde, sino la propia secretaría de estado de Cultura, dirigida por el notorio enemigo de la libertad en la red, Jose María Lassalle.

Por cierto, recordarán que cuando el gobierno del PSOE presentó el desastre llamado Ley Sinde, la red se incendió convenientemente pastoreada en contra de una medida injusta, pero mucho más moderada que ésta.  Se firmaron manifiestos, todos los medios se hicieron eco, e incluso se organizó una reunión con la ministra que terminó en sainete.

Les recomiendo que durante los próximos días observen a su alrededor y escuchen los clamorosos silencios de unos cuantos gurús que entónces gritaban legítimamente indignados y presos de santa indignación y que ahora callarán.

Fuente

http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/50413-el-gobierno-quiere-domesticar-internet-con-la-nueva-ley-de-propiedad-intelectual.html 

http://www.cesarcalderon.es/?p=30245

Ésta es la 'Comisión Sinde'

DERECHOS DE AUTOR | Los nombres de sus miembros

Ésta es la 'Comisión Sinde'

 

La Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, es decir, la 'Comisión Sinde', tiene nombres y apellidos. Esta sección, formada por funcionarios, está encargada de decidir la comunicación y retirada de contenidos supuestamente 'piratas' a petición de los titulares de los derechos de autor.

Hasta la fecha, desde el Gobierno se ha amparado en la Ley Orgánica de Protección de Datos para mantenerlos en el más absoluto secreto.

Todo ello, a pesar de las protestas de algunos juristas que del 'anonimato' de las notificaciones de la Sección Segunda -sólo venían firmadas por su presidenta, Teresa Lizaranzu-, algo que según él podría dejar en la "indefensión" a las partes implicadas, al no poder recusarles en caso de conflicto de intereses

No obstante, desde Cultura se afirma que se proporcionan los nombres a las partes implicadas en el marco de su defensa, por si fueran de utilidad para un posible recurso, pero insiste en que "no pueden ser utilizados fuera de este marco".

Ahora, el Navegante ha podido conocer los nombres de los funcionarios que integran dicha Sección Segunda.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

Teresa Lizaranzu Perinat

Licenciada en Derecho y diplomática de carrera, es directora general de Industrias Culturales y del Libro, que depende de Cultura. Tiene experiencia en cargos para el servicio exterior, tras su paso por por la Embajada de España en Berlín como consejera, y más tarde como Subdirectora General del Magreb en Exteriores. Compatibiliza este cargo con el de directora de Acción Cultural Española, que depende de Exteriores. Casada con Álvaro Nadal, director de la Oficina económica de La Moncloa.

CULTURA

Carlos Guervós Maíllo (Titular)
Licenciado en Derecho, es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y desdev 2011 tiene el cargo de subdirector general de Propiedad Intelectual. Se incorporó al Ministerio de Cultura como Vocal Asesor y Secretario de la Comisión de Propiedad Intelectual en noviembre de 2010. En el primer semestre de 2010 presidió el Grupo de trabajo Propiedad Intelectual-Derechos de autor, del Consejo de la Unión Europea. Antes ocupó diversos puestos en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Trabajo.

Jaime de Mendoza Fernández (Suplente)

Es jefe del sector de derecho de autor de la Subdirección General de Propiedad Intelectual. En un artículo para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para 2010, se muestra defensor de la explotación económica de los derechos de autor por parte de las instituciones culturales públicas, como un camino hacia la 'autogestión'. Un año antes participó en un foro invitado por el bufete de abogado Garrigues sobre Propiedad Intelectual y Tecnología.

INDUSTRIA

Carlos Romero Dupla (Titular)
Licenciado en derecho y abogado del estado, es ahora subdirector general de Contenidos de la Sociedad de la Información en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Ha sido director de área en Red.es y asesor de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, tras su paso por la Audiencia nacional como abogado del Estado. Como curiosidad, es hijo del X marqués de San Saturnino y VIII conde de Fontao, conocido abogado y asesor de la Casa Real.

Gema María Campillos González (Suplente)

Subdirectora general de Servicios de la Sociedad de la Información en el Ministerio de Industria. Defensora de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, sobre la que escribió (PDF) que "su gestación fue más larga y complicada de lo que, en principio, se esperaba", debido "en parte, a la polémica generada en algunos sectores sobre su incidencia en el derecho a la libertad de expresión, pese a la publicidad y diálogo mantenidos desde el comienzo de su tramitación por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, responsable de la elaboración de la Ley".

PRESIDENCIA

Lucía Escapa Castro (Titular)

Cuenta con experiencia en cargos en los ministerios de Hacienda, Defensa y Presidencia. Actualmente es subdirectora general de de Tecnologías y Servicios de Información en el ministerio. Durante cuatro años (2000-2004) trabajó en Santillana Formación (Grupo Prisa), según su propio perfil en LinkedIn. Autora del blog Pienso, Luego Escribo, en el que se define como "liberal, progresista y no de izquierdas".

Luis Pedro Villameriel Presencio (Suplente)
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Asesor de la Secretaría General Técnica, anteriormente fue secretario general técnico del Ministerio de Sanidad y Política Social hasta su cese en diciembre de 2011.

ECONOMÍA

Pedro Cortegoso Fernández (Titular)
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, es asesor del gabinete técnico en la Subsecretaría de Ciencia e Innovación (Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Inovación).

Mar Omedas Aldanondo (Suplente)
Abogada y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Fuente
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/11/navegante/1360581254.html

Se filtra borrador de Decreto-Ley que amenaza Internet en España

Hace casi un año que España celebró elecciones generales y se invistió a un nuevo Presidente del Gobierno que, junto a su gabinete, se han caracterizado por “abusar” de su mayoría absoluta y legislar a “golpe de Decretos-Ley”, es decir, leyes que no requieren la aprobación del Parlamento y, directamente, emanan del propio Gobierno. Durante los primeros meses, muchos españoles hemos temido los viernes, día en el que se celebran los Consejos de Ministros, porque de estas reuniones siempre han salido reformas y recortes y, por lo que parece, la práctica se va a seguir manteniendo. Según se ha filtrado hoy, a través de Piratas de Cataluña, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha preparado un borrador de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que, al estilo de la infame Ley Sinde-Wert, el ejecutivo parece dispuesto a golpear Internet y orientar la red al modelo que imponen las entidades de gestión de los derechos de autor y la arcaica industria de los contenidos.



El borrador articula un Decreto-Ley, la fórmula legal que evita pasar por el Congreso de los Diputados y que, teóricamente, solamente debe utilizarse en casos de urgencia, con el que el Gobierno (a través del Ministerio de Cultura) pretende reformar la Ley de Propiedad Intelectual en la que destacan tres aspectos, en mi opinión altamente preocupantes:

• El famoso canon digital, es decir, el gravamen que sufren los soportes de grabación y dispositivos electrónicos se confirma (como ya se adelantó cuando se aprobó la Ley Sinde) que pasará a ser sufragado por todos los ciudadanos puesto que se abonará una compensación económica a las entidades de gestión que saldrá de los presupuestos generales del Estado. Dicho de otra forma, nuestros impuestos pasarán a pagar a entidades como la SGAE que, a su vez, deberá hacer el reparto de este dinero entre autores, productores y discográficas.
  
• El concepto de copia privada también se ve modificado y sufre un sesgo enorme puesto que, de aprobarse este borrador, se considerará copia privada únicamente a las copias que se realicen de obras que hayamos comprado previamente o que procedan de una grabación de la radio o la TV. Es decir, de aprobarse este texto, no sería legal realizar una copia de un disco que nos haya prestado un amigo (aunque él lo haya comprado y nosotros vayamos a usarlo para consumo interno) o que esté depositado en una biblioteca.
  
• Internet, las páginas web y las redes sociales también se ven seriamente amenazadas por este documento puesto que se incluye el infame artículo 158.bis en el que se obliga a los gestores de cualquier página web a informar a la autoridad competente (al Ministerio de Cultura) una relación de las obras (vídeos, imágenes, documentos sonoros, libros, etc) que tengan enlazadas y las autorizaciones concedidas por los titulares de los derechos de las mismas que posean para poder publicarlas (una acción que de no hacerse supone sanciones económicas de hasta 150.000 euros, el cierre de la web y si ésta opera desde España, entonces el bloqueo de la misma desde el territorio nacional).
  

Antonio Delgado @adelgado

El gobierno español quiere reformar la LPI para que enlazar en Internet sea considerado explotación comercial de una obra #sinWertguenzas

9 nov 12

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En mi opinión, si este texto se aprobase, el panorama se tornaría excesivamente gris y, desde luego, España retrocedería prácticamente 50 años. El artículo 158.bis es un ataque frontal al funcionamiento de Internet porque no solamente afecta a las llamadas webs de enlaces de descarga sino que también afectaría a los buscadores que, por ejemplo, no podrían enlazar con imágenes que cuenten con copyright (imaginemos una fotografía colgada en Flickr por un usuario que la subió sin ponerle licencia Creative Commons y con el que Google tendría que contactar para obtener los permisos oportunos para poder mostrar el resultado en el buscador de imágenes).

Pepo Jiménez @kurioso

¿Sabías que, con la futura Ley del PP, si enlazas en twitter una peli o disco con derechos te pueden multar con hasta 150.000€? #StopLeyWert

9 nov 12

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Siguiendo la senda de la Ley Sinde, en la que los tribunales brillaban por su ausencia, estas modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual legitiman al Ministerio de Cultura para actuar directamente y ejecutar el cierre de webs o la imposición de sanciones, de hecho, el cierre se haría sin notificación directa al afectado y se publicarían en el tablón de anuncios del Ministerio de Cultura (para eso sí que funciona la Administración Electrónica en España).

Si al cerco que se va a imponer a la red es bastante preocupante, la rebaja en el derecho a la copia privada es aún más retrógrado si cabe, una maniobra estrechamente vinculada al aparato de la industria de los contenidos que sale excepcionalmente reforzada con este borrador. ¿Y por qué salen reforzados? Por un lado, el borrador disipa cualquier vía para reclamar la devolución del canon cobrado injustamente (hemos pagado canon por CDs destinados a grabar las fotos de nuestras vacaciones o empresas que los usaban para sus copias de seguridad) y, encima, el sustituto del canon saldrá de los Presupuestos Generales del Estado y entidades como la SGAE (esa que nos brindó un gran escándalo) son las encargadas de administrar estos fondos públicos para compensar a la industria por esa copia privada que, además, se ve bastante recortada.

Es una pena que, a pesar de estar en el año 2012 y buscar el entendimiento entre las partes implicadas o se propicie la búsqueda de nuevos modelos de negocio, se legisle de manera conservadora beneficiando a un modelo de industria cultural obsoleto y arcaico que se apoya únicamente en legislaciones y copyright. Los gobiernos deberían luchar contra las situaciones abusivas en vez de recortar derechos y, sobre todo, en épocas de crisis y recesión (donde se recortan prestaciones o se intenta desmantelar la sanidad gratuita y universal) no deberían darse fondos públicos a entidades como la SGAE después de todo el escándalo de sociedades, cuentas maquilladas y fraude que se destapó con la anterior directiva.

Imagen: Gobierno de España

Fuente
http://alt1040.com/2012/11/borrador-reforma-propiedad-intelectual

Filtración de la comisión europea descubre que CETA es un acuerdo que encubre sanciones del rechazado ACTA.

Tras varias denuncias por parte de colectivos y webs preocupadas por las libertades, la comisión europea ha descubierto que el Acuerdo de libre Comercio entre Canadá y la UE (CETA) encubre las mismas sanciones penales que ya rechazara el pasado mes de Julio respecto al ACTA. Entre otras medidas, prevé la intervención de las comunicaciones ciudadanas mediante puertas traseras y fiscalización del tráfico de datos.

11-10-2012 - Fran Andrades - NAción Red.- Como ya hemos señalado en Nacion Red anteriormente, la ronda final de negociaciones ahora mismo en proceso en Bruselas, del 10 al 26 de octubre, completamente falto de transparencia, nos muestra el intento de a volver a traer las sanciones y restricciones que se contemplaban en el ACTA, en una repetición acelerada del anterior proceso que busca una aprobación precipitada de lo que ya ha sido ampliamente rechazado.

Las medidas sobre los supuestos derechos de autor suponen, de facto, un atropello a los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. En su articulado, se desarrollan una serie de medidas totalmente contrarias a los derechos cívicos y la privacidad, mostrando especial virulencia contra las prácticas culturales online que no pertenezcan al lobbie de productores y editores .

La filtración de las transcripciones del debate negociador, ha supuesto un auténtico escándalo, al recoger aseveraciones acerca de la necesidad de endurecer la criminalización de cualquier práctica que contravenga derechos de autor o asociar a prácticas comerciales la difusión de obras gratuitas, aunque sea expresamente consentida. Esto supone atacar licencias como la Creative Commons, con el único objeto de impedir la libre difusión cultural. Lo que se persigue, es un entorno puramente comercial, en el que las prácticas libres no tengan cabida y todo sea mercantilizado y controlado por la élite del conglomerado mediático-editorial.

En palabras de Jérémie Zimmermann, cofundador y portavoz de la organización ciudadana La Quadrature du Net:

“Una vez más, la Comisión Europea y los Gobiernos de los Estados miembros de la UE están tratando de imponer medidas represivas contra las prácticas culturales en línea. Grandes sanciones penales no tienen cabida en un acuerdo comercial. Si aparecen en el texto final del CETA, el contrato perderá toda legitimidad y tendrá que opone frontalmente, como ACTA. Esta tendencia de colarse medidas represivas a través de acuerdos comerciales negociados deben cesar”

Foto | Piotsry


Vía | La quadrature du net

Fuente
http://www.internautas.org/html/7207.html