El borrador articula un Decreto-Ley, la fórmula legal que evita pasar por el Congreso de los Diputados y que, teóricamente, solamente debe utilizarse en casos de urgencia, con el que el Gobierno (a través del Ministerio de Cultura) pretende reformar la Ley de Propiedad Intelectual en la que destacan tres aspectos, en mi opinión altamente preocupantes:
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El famoso canon digital, es decir, el gravamen que
sufren los soportes de grabación y dispositivos electrónicos se confirma
(como ya se adelantó cuando se aprobó la Ley Sinde)
que pasará a ser sufragado por todos los ciudadanos puesto que se
abonará una compensación económica a las entidades de gestión que saldrá
de los presupuestos generales del Estado. Dicho de otra forma, nuestros
impuestos pasarán a pagar a entidades como la SGAE que, a su vez,
deberá hacer el reparto de este dinero entre autores, productores y
discográficas.
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El concepto de copia privada también se ve
modificado y sufre un sesgo enorme puesto que, de aprobarse este
borrador, se considerará copia privada únicamente a las copias que se
realicen de obras que hayamos comprado previamente o que procedan de una
grabación de la radio o la TV. Es decir, de aprobarse este texto, no
sería legal realizar una copia de un disco que nos haya prestado un
amigo (aunque él lo haya comprado y nosotros vayamos a usarlo para
consumo interno) o que esté depositado en una biblioteca.
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Internet, las páginas web y las redes sociales también se ven
seriamente amenazadas por este documento puesto que se incluye el infame
artículo 158.bis en el que se obliga a los gestores de
cualquier página web a informar a la autoridad competente (al
Ministerio de Cultura) una relación de las obras (vídeos, imágenes,
documentos sonoros, libros, etc) que tengan enlazadas y las
autorizaciones concedidas por los titulares de los derechos de las
mismas que posean para poder publicarlas (una acción que de no hacerse
supone sanciones económicas de hasta 150.000 euros, el cierre de la web y
si ésta opera desde España, entonces el bloqueo de la misma desde el territorio nacional).
El gobierno español quiere reformar la LPI para que enlazar en Internet sea considerado explotación comercial de una obra #sinWertguenzas
¿Sabías que, con la futura Ley del PP, si enlazas en twitter una peli o disco con derechos te pueden multar con hasta 150.000€? #StopLeyWert
Si al cerco que se va a imponer a la red es bastante preocupante, la rebaja en el derecho a la copia privada es aún más retrógrado si cabe, una maniobra estrechamente vinculada al aparato de la industria de los contenidos que sale excepcionalmente reforzada con este borrador. ¿Y por qué salen reforzados? Por un lado, el borrador disipa cualquier vía para reclamar la devolución del canon cobrado injustamente (hemos pagado canon por CDs destinados a grabar las fotos de nuestras vacaciones o empresas que los usaban para sus copias de seguridad) y, encima, el sustituto del canon saldrá de los Presupuestos Generales del Estado y entidades como la SGAE (esa que nos brindó un gran escándalo) son las encargadas de administrar estos fondos públicos para compensar a la industria por esa copia privada que, además, se ve bastante recortada.
Es una pena que, a pesar de estar en el año 2012 y buscar el entendimiento entre las partes implicadas o se propicie la búsqueda de nuevos modelos de negocio, se legisle de manera conservadora beneficiando a un modelo de industria cultural obsoleto y arcaico que se apoya únicamente en legislaciones y copyright. Los gobiernos deberían luchar contra las situaciones abusivas en vez de recortar derechos y, sobre todo, en épocas de crisis y recesión (donde se recortan prestaciones o se intenta desmantelar la sanidad gratuita y universal) no deberían darse fondos públicos a entidades como la SGAE después de todo el escándalo de sociedades, cuentas maquilladas y fraude que se destapó con la anterior directiva.
Imagen: Gobierno de España
Fuente
http://alt1040.com/2012/11/borrador-reforma-propiedad-intelectual
