Este sábado es el día que las organizaciones que batallan contra el
tratado comercial ACTA han escogido para mostrar su descuerdo con la
ratificación del mismo. Al mediodía,
hay convocadas manifestaciones en distintas ciudades,
Madrid (también contra la ley Sinde-Wert) y
Barcelona, entre ellas. Un sitio de Internet ha recogido
más de dos millones de firmas
en contra del texto. Negociado en secreto y aprobado por distintos
países, la Unión Europea lo suscribió el mes pasado en Japón.
España fue uno de los países firmantes. Ahora debe ser ratificado por el Parlamento Europeo
La firma por parte de países europeos del tratado ha tenido
consecuencias. En Polonia ha habido ya manifestaciones en contra y la
embajadora de Eslovenia en Japón, Helena Drnovstek, escribió una
carta abierta
a sus conciudadanos en la que lamentaba haber firmado ACTA. La
embajadora reconocía que no se había leído el texto porque últimamente
tiene más trabajo, menos personal y menos dinero para todo, y que además
había coincidido con una periodo de vacaciones, "que necesitaba mucho".
Tras reconocer su fallo, y leer atentamente lo que firmó, pidió
disculpas a sus hijos y llamó a manifestarse contra la aprobación de ese
texto por el parlamento de su país.
Se trata de un acuerdo comercial
que pretende combatir el tráfico de falsificaciones y la violación de
la propiedad intelectual. Mientras Estados Unidos ha frenado las leyes
antipiratería (SOPA y PIPA) para buscar un mayor consenso, el citado
tratado ya fue suscrito, el año pasado, por Estados Unidos, uno de sus
principales impulsores, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva
Zelanda, entre otros países.
Lo que más preocupa a quienes combaten su redactado
es que introduce medidas genéricas cuya aplicación concreta podría
suponer la persecución penal de proveedores de Internet que
supuestamente favorecieran la piratería a nivel comercial.
ACTA admitiría nuevas sanciones penales para obligar a los
proveedores de Internet a vigilar los contenidos en Internet, lo que
supondría, según sus oponentes, una merma en la libertad de expresión y
un incremento de la inseguridad jurídica ya que autorizaría a los
titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la
Red por parte de los operadores. No se trata de artículos de obligado
cumplimiento por parte de los Estados. Las autoridades europeas, ante el
escándalo que provocó el conocimiento de las negociaciones secretas del
citado tratado, han asegurado que en la UE cualquier fórmula de
persecución de la infracción se dará por la vía judicial. Quienes se
oponen al tratado, por su ambiguo y genérico redactado, subrayan
expresiones como la necesidad de “remedios expeditivos” para prevenir
las infracciones y el despliegue de “obstáculos” para impedir que avance
la piratería. El texto añade que los procedimientos que se pacten deben
respetar la privacidad y la libertad de expresión.
"El ponente del Parlamento Europeo que debía dirigir el debate ha dimitido
El tratado apela a la colaboración entre distintos sectores. La
palabra Internet no figura en el redactado que prefiere la expresión
“entornos digitales”. El tratado prevé sanciones civiles, por daños y
perjuicios a los intermediarios, sobre cuya cuantía no se aclara la
manera de fijarla.
Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania figuran entre los
países europeos que no lo han suscrito. Según la UE, se trata de un
simple retraso por razones de procedimiento. Sin embargo, la división en
el Gobierno alemán ha aconsejado, según un portavoz de Exteriores,
retrasar su firma hasta haber analizado y debatido más profundamente el
texto. Eslovenia, Letonia, Polonia, Rumania y la República Checa han
suspendido su ratificación.
En marzo de 2010, la UE publicó el borrador tras la octava ronda
negociadora después de que el Parlamento europeo recordara que es
competente para estudiar los tratados internacionales en los que
participe la UE y mostró su desacuerdo con el secretismo de las
negociaciones. La UE ha negado que limite la libertad de expresión. “Los
ciudadanos podrán seguir usando las redes sociales como Facebook o
Twitter como en el pasado”, ha afirmado uno de sus portavoces.
"Alemania retrasa la firma para estudiar más profundamente el acuerdo
Tras la firma europea, el principal ponente del tratado en el Parlamento,
el eurodiputado Kader Arif, presentó su dimisión como tal. Considera que el proceso es una “mascarada”.
En un comunicado,
Arif explicó que debe denunciar el proceso que ha conducido a la firma
del acuerdo “sin participación de la sociedad civil, con falta de
transparencia dese el inicio de las negociaciones, sucesivas firmas del
texto sin explicaciones y descartando las reivindicaciones del
Parlamento expresadas en muchas resoluciones”.
Como ponente del texto, asegura, ha sido testigo de “maniobras
inéditas de la derecha" de este Parlamento para imponer un calendario
acelerado intentado validar el tratado antes de que la opinión pública
fuera alertada de su contenido, “privando de hecho al Parlamento de su
derecho de expresión y de emplear las herramientas a su disposición para
incorporar las reivindicaciones legítimas de los ciudadanos”. El
Parlamento ha procedido a su sustitución por otro eurodiputado.
Fuente:
El Pais
