Hoy podemos afirmar con certeza que la sociedad española está condenada.

El Disparate Económico,

La 'gran estafa' de Bankia, ¡a los tribunales!

La pasada semana un lector me envió una cita escrita en los años 50 por la escritora y filosofa rusa Alisa Zinivievna Rosembaum, más conocida por su seudónimo de Ayn Rand, una ferviente antisocialista y anticomunista que consideraba ambas ideologías formas abominables de opresión. Rand emigró a EEUU porque “este era el único país donde podía sentirme totalmente libre para escribir y opinar”. La cita parece pensada y dirigida para España, aquí y ahora.

“Cuando advierta que para producir usted necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye no hacia quienes trafican con bienes, sino con favores;  cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y la influencia política y no por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos quienes están protegidos contra usted; cuando repare en que la corrupción es recompensada y la honradez es un autosacrificio, entonces usted podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada”.

Todos y cada uno de estos hechos se dan en grado superlativo en la España actual. El dinero no fluye hacia la economía productiva, la corrupción es recompensada, el enriquecimiento procede de la influencia política y la ley protege a los corruptos mientras los ciudadanos, engañados y arruinados, se encuentran indefensos. No tanto si están dispuestos a actuar, porque, a pesar de todo, hay una mayoría de jueces honrados, aunque delitos clamorosos sean sobreseídos o se indulte a los poderosos. Y, mientras, Rajoy improvisa una chapuza por semana; la del viernes, 30.000 millones de provisiones para la banca, no da ni para pipas. La gente se quedaría horrorizada si supiera cómo deciden sobre sus vidas: todo improvisado el jueves, sin analizar nada, sin cifras certeras, sin diferenciar solventes de insalvables, cambiando de opinión cada hora, sin tiempo (“denegado, mañana como sea”)… una chapuza de república bananera. 

“Spain´s plan fails to convince”, dijo el FT en su portada. “¡Basta!”, dijo Lex en su influyente columna, “los bancos españoles son maestros en el engaño… el país ha desperdiciado otra ocasión de oro, el gradualismo no va a ninguna parte. Hasta que no hagan una reforma seria, los inversores permanecerán fuera”. La gran banca ha salido en tromba diciendo que cumplirán sin problemas. ¿Cómo no?, ¡si son ellos quienes han puesto la cifra! De Guindosya no se fía del BdE. ¿Y cuánto dinero público se ha enterrado? Para empezar, 15.000 millones, la suma de tasas y copago en Sanidad y Educación, más la subida del IRPF, solo para salvar bancos que deberían ser cerrados. Es disparatado, es inmoral.

De cómo han estafado a cientos de miles de ahorradores

Empecemos por Bankia, “el gran banco de la nueva banca”, el del “Hágase banquero”, una entidad que con la colaboración de la CNMV, el BdE y el Gobierno de Zapatero consiguió, como señala FT, “lo que ningún otro banco europeo hubiera podido, obtener 3.300 millones de euros de capital en medio de una crisis brutal” y que ha acabado como era perfectamente previsible: llevando a la ruina a cientos de miles de pequeños ahorradores. Primero les engañaron con el folleto de salida a bolsa aprobado por la CNMV, que como el BdE, sabía que varias de las cajas que se integraban estaban quebradas pero calló. Los cientos de miles de estafados pueden y deben organizarse y litigar contra todos ellos. Y contra un Gobierno que promovió esta y otras medidas análogas, como Banca Cívica, CAM, CCM, Caixa Cataluña, etc. Por cierto, ¿a cuánto ascendió el gasto publicidad y cómo se seleccionó a la agencia que lo hizo?

¡A los tribunales ciudadanos! Formen sus agrupaciones, contraten buenos abogados y vayan contra la nueva tiranía, luchen sin tregua contra los bancos, la CNMV y BdE que les han arruinado. Ganarán. La razón y la ley están de su parte

Como explicaba el jueves en este diario Enrique Utrera, los directores de sucursales aseguraban que “las acciones tendrían una rentabilidad por dividendo del 7 %, y que el valor de la acción iba a tener una fuerte revalorización”. La CNMV permitió además un cambio de las reglas del juego en el sistema de prorrateo, lo que perjudicó gravemente a los inversores. Y hubo mucho más: al engaño se unieron ciertas prácticas cercanas al chantaje. El modus operandi, empleado en este caso no solo para colocar acciones, sino también en la colocación de preferentes y bonos patrióticos por muchos bancos españoles, es el siguiente: los jefes de sucursal llamaban a clientes con líneas de crédito para decirles “Mire don Fulano, tenemos este producto fenomenal, acciones en este caso, y tiene usted una línea de crédito de (por ejemplo) 10 millones. Si quiere que le mantengamos la línea debe usted comprarnos un millón de euros en acciones -el 10 % de la línea de crédito era la cifra habitual- y si no lo hace tendremos que rescindírsela”.  Solo podían aceptar.

“¿Por qué banqueros, reguladores y Gobierno mienten?”

Sin embargo, Bankia no es la excepción. “Su ceguera, su incapacidad para abordar los problemas y su negación de realidad”, en palabras del WSJ, es regla de conducta de la banca más prepotente y politizada de Occidente. Era también la pregunta -el ladillo que precede a este párrafo- que se hacía FTsobre España. No se comprende bien como, habiendo perdido toda credibilidad desde Nueva York a Shanghai, desde Londres a Frankfurt, banqueros y Gobierno siguen mintiendo y aplazando las medidas necesarias. ¿Cuál es el fin? Ya no engañan a nadie, excepto a los españoles, gracias a su control aplastante de los medios. Sirve al Gobierno, aunque temporalmente, porque si ha perdido 4 puntos en los meses de gracia, ¿cuántos perderá en un año? Pero, ¿qué ganan los bancos con la ruina de España, a la que tan irresponsablemente han contribuido, con los mercados cerrados y sin credibilidad alguna? Esperan un milagro, pero ellos mejor que nadie saben que no existen en su negocio.

En mayo de 2006, los inspectores del Banco de España en un documento de cuatro folios advirtieron al gobernador y al Gobierno de los gigantescos desequilibrios que se estaban produciendo en el sistema financiero. También de la necesidad de atajar los mismos utilizando las atribuciones del BdE como regulador, antes de que se produjera una catástrofe. MAFO, Solbes y los grandes banqueros no solo hicieron caso omiso del aviso, también negaron que hubiera problema alguno. Solbes lo resumió así: “Cuanto más se endeudan las familias más ricas son, porque los pisos nunca pueden bajar de precio”. En EEUU Solbes y MAFO habrían ido directamente a la cárcel. La banca española es, en estrecha colaboración con la casta política, la causa de la ruina de España. Si hubieran hecho caso al SOS de los inspectores, la crisis jamás hubiera llegado a este punto.

Y dónde estamos hoy realmente. Bloomberg lo resume así: el Gobierno ha pedido a los bancos incrementar sus provisiones en otros 30.000 millones, hasta 130.000, menos de la mitad de crédito promotor -¿el 7,5% de los activos del sector es todo el problema?- ¿y qué pasa con los 1,4 billones de euros de deuda hipotecaria y corporativa? Para ello, la banca deberá incrementar nueve veces la cifra pedida, 270.000 millones hasta un total de 370.000 millones en que la media del mercado estima hoy el agujero del sistema financiero. “El Gobierno español infravalora gravemente las pérdidas, va siempre varios escalones por detrás”. Y concluye con un lapidario “There´s no way out for Spain”. El sector ya no podrá ser capitalizado sin ayuda externa.

Y lo más importante, ¿a cuánto ascenderá el expolio de dinero público? A decenas de miles de millones. Es inmoral, es “una injusticia bestial”, como denuncia Cáritas, rescatar bancos con dinero público mientras la pobreza y el paro crecen exponencialmente. Y, sin embargo, la solución es clara: salvar solo lo salvable, capitalizar los pasivos, los accionistas y bonistas lo pierden todo, excepto los pequeños accionistas en un límite prefijado -aparte de que, como he explicado, pleiteen contra el banco, el BdE y el Gobierno- y los acreedores se quedan con el banco, es decir, recuperan lo que buenamente puedan. Los que no tengan accionistas (CAM, Caixa Catalunya, etc…) se garantizan los depósitos inferiores a 100.000 euros y al resto lo que quede. Los acreedores lo pierden todo por su insensatez.

Que bancos o inversores insensatos que han hecho préstamos insensatos pierdan su dinero no provocaría ningún pánico bancario, como dicen algunos analistas, sucede en todas las crisis, han perdido el 80% en Irlanda y no pasa nada. Lo que no puede ser es cargar el coste de salvar a ineptos, corruptos y acreedores irresponsables a un país empobrecido en riesgo cierto de hundimiento. Como diría Ayn Rand, hoy podemos afirmar con certeza que la sociedad española está condenada.

Escrito por Roberto Centeno

Fuente: Cotizalia

Hoy es 11 de febrero, jornada mundial contra el tratado ACTA

Este sábado es el día que las organizaciones que batallan contra el tratado comercial ACTA han escogido para mostrar su descuerdo con la ratificación del mismo. Al mediodía, hay convocadas manifestaciones en distintas ciudades, Madrid (también contra la ley Sinde-Wert) y Barcelona, entre ellas. Un sitio de Internet ha recogido más de dos millones de firmas en contra del texto. Negociado en secreto y aprobado por distintos países, la Unión Europea lo suscribió el mes pasado en Japón. España fue uno de los países firmantes. Ahora debe ser ratificado por el Parlamento Europeo
La firma por parte de países europeos del tratado ha tenido consecuencias. En Polonia ha habido ya manifestaciones en contra y la embajadora de Eslovenia en Japón, Helena Drnovstek, escribió una carta abierta a sus conciudadanos en la que lamentaba haber firmado ACTA. La embajadora reconocía que no se había leído el texto porque últimamente tiene más trabajo, menos personal y menos dinero para todo, y que además había coincidido con una periodo de vacaciones, "que necesitaba mucho". Tras reconocer su fallo, y leer atentamente lo que firmó, pidió disculpas a sus hijos y llamó a manifestarse contra la aprobación de ese texto por el parlamento de su país.

Se trata de un acuerdo comercial que pretende combatir el tráfico de falsificaciones y la violación de la propiedad intelectual. Mientras Estados Unidos ha frenado las leyes antipiratería (SOPA y PIPA) para buscar un mayor consenso, el citado tratado ya fue suscrito, el año pasado, por Estados Unidos, uno de sus principales impulsores, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros países. Lo que más preocupa a quienes combaten su redactado es que introduce medidas genéricas cuya aplicación concreta podría suponer la persecución penal de proveedores de Internet que supuestamente favorecieran la piratería a nivel comercial.

ACTA admitiría nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de Internet a vigilar los contenidos en Internet, lo que supondría, según sus oponentes, una merma en la libertad de expresión y un incremento de la inseguridad jurídica ya que autorizaría a los titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la Red por parte de los operadores. No se trata de artículos de obligado cumplimiento por parte de los Estados. Las autoridades europeas, ante el escándalo que provocó el conocimiento de las negociaciones secretas del citado tratado, han asegurado que en la UE cualquier fórmula de persecución de la infracción se dará por la vía judicial. Quienes se oponen al tratado, por su ambiguo y genérico redactado, subrayan expresiones como la necesidad de “remedios expeditivos” para prevenir las infracciones y el despliegue de “obstáculos” para impedir que avance la piratería. El texto añade que los procedimientos que se pacten deben respetar la privacidad y la libertad de expresión.

"El ponente del Parlamento Europeo que debía dirigir el debate ha dimitido

El tratado apela a la colaboración entre distintos sectores. La palabra Internet no figura en el redactado que prefiere la expresión “entornos digitales”. El tratado prevé sanciones civiles, por daños y perjuicios a los intermediarios, sobre cuya cuantía no se aclara la manera de fijarla.

Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania figuran entre los países europeos que no lo han suscrito. Según la UE, se trata de un simple retraso por razones de procedimiento. Sin embargo, la división en el Gobierno alemán ha aconsejado, según un portavoz de Exteriores, retrasar su firma hasta haber analizado y debatido más profundamente el texto. Eslovenia, Letonia, Polonia, Rumania y la República Checa han suspendido su ratificación.

En marzo de 2010, la UE publicó el borrador tras la octava ronda negociadora después de que el Parlamento europeo recordara que es competente para estudiar los tratados internacionales en los que participe la UE y mostró su desacuerdo con el secretismo de las negociaciones. La UE ha negado que limite la libertad de expresión. “Los ciudadanos podrán seguir usando las redes sociales como Facebook o Twitter como en el pasado”, ha afirmado uno de sus portavoces.

"Alemania retrasa la firma para estudiar más profundamente el acuerdo

Tras la firma europea, el principal ponente del tratado en el Parlamento, el eurodiputado Kader Arif, presentó su dimisión como tal. Considera que el proceso es una “mascarada”. En un comunicado, Arif explicó que debe denunciar el proceso que ha conducido a la firma del acuerdo “sin participación de la sociedad civil, con falta de transparencia dese el inicio de las negociaciones, sucesivas firmas del texto sin explicaciones y descartando las reivindicaciones del Parlamento expresadas en muchas resoluciones”.

Como ponente del texto, asegura, ha sido testigo de “maniobras inéditas de la derecha" de este Parlamento para imponer un calendario acelerado intentado validar el tratado antes de que la opinión pública fuera alertada de su contenido, “privando de hecho al Parlamento de su derecho de expresión y de emplear las herramientas a su disposición para incorporar las reivindicaciones legítimas de los ciudadanos”. El Parlamento ha procedido a su sustitución por otro eurodiputado.

Fuente: El Pais