La industria del videojuego comienza a denunciar webs apoyándose en la Ley Sinde-Wert

Como era de esperar, la industria de los videojuegos no ha tardado en aprovechar la vía legal que abre la nueva norma antidescargas españolas y ya ha presentado las primeras denuncias ante la Sección Segunda en busca del cierre de webs de enlaces a sus contenidos.

Es uno de los sectores más beligerantes en la lucha contra la "piratería" y una vez más lo ha demostrado. Hablamos de la industria del videojuego, representada en España por la patronal aDeSe (Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento). Hace sólo unos días se congratulaba por la entrada en vigor de la llamada Ley Sinde-Wert en nuesto país, por verla como una herramienta útil en su persecución contra todo tipo de contenidos que consideran que infringen su propiedad intelectual.

Como leemos en una nota de prensa de la propia asociación, se ha decidido a presentar "las primeras denuncias contra páginas de enlaces a material pirateado y que se lucran con ingresos por publicidad". La patronal, que engloba a las principales compañías del sector en nuestro país, pretende "proteger el empleo de calidad que la piratería amenaza". "Son bastantes las webs que se están aprovechando ilegalmente del trabajo de desarrolladores y empresas", por lo que la asociación ya ha anunciado que podría seguir denunciando a más páginas.

Aunque admite que España es el cuarto país de Europa que más videojuegos consume (a pesar de ser uno de los más caros), desde aDeSe se insiste en la teórica "alta incidencia del pirateo en nuestro país". En concreto, afirma que "dos tercios" del mercado lo conforman copias de juegos y esto "provoca que las inversiones y la creación de empleo real quede lejos del potencial que las cifras de negocio permiten".

La industria de este sector, que genera beneficios multimillonarios, está segura de que la Comisión de la Propiedad Intelectual ante la que ha presentado las primeras denuncias "es una herramienta eficaz y crea un marco regulatorio seguro, garantista y transparente que permite revertir los procesos de desinversión que se han experimentado por parte de algunas empresas".

Por ahora no ha trascendido qué webs han sido las denunciadas por aDeSe, pero dado el amplio abanico de opciones para acceder a copias de videojuegos existente en la Red dudamos de que estas denuncias ante la Sección Segunda tengan el efecto deseado por la industria. Hasta ahora las persecuciones emprendidas contra webs de enlaces así como contra tiendas en las que se venden dispositivos que permiten la ejecución de copias de juegos en videoconsolas como Nintendo DS han tenido un efecto nulo. ¿Conseguirá acabar con la supuesta alta tasa de piratería en España con estas denuncias?

FUENTE: ADSLZONE -  http://www.adslzone.net/article8107-la-industria-del-videojuego-comienza-a-denunciar-webs-apoyandose-en-la-ley-sinde-wert.html

Hoy es 11 de febrero, jornada mundial contra el tratado ACTA

Este sábado es el día que las organizaciones que batallan contra el tratado comercial ACTA han escogido para mostrar su descuerdo con la ratificación del mismo. Al mediodía, hay convocadas manifestaciones en distintas ciudades, Madrid (también contra la ley Sinde-Wert) y Barcelona, entre ellas. Un sitio de Internet ha recogido más de dos millones de firmas en contra del texto. Negociado en secreto y aprobado por distintos países, la Unión Europea lo suscribió el mes pasado en Japón. España fue uno de los países firmantes. Ahora debe ser ratificado por el Parlamento Europeo
La firma por parte de países europeos del tratado ha tenido consecuencias. En Polonia ha habido ya manifestaciones en contra y la embajadora de Eslovenia en Japón, Helena Drnovstek, escribió una carta abierta a sus conciudadanos en la que lamentaba haber firmado ACTA. La embajadora reconocía que no se había leído el texto porque últimamente tiene más trabajo, menos personal y menos dinero para todo, y que además había coincidido con una periodo de vacaciones, "que necesitaba mucho". Tras reconocer su fallo, y leer atentamente lo que firmó, pidió disculpas a sus hijos y llamó a manifestarse contra la aprobación de ese texto por el parlamento de su país.

Se trata de un acuerdo comercial que pretende combatir el tráfico de falsificaciones y la violación de la propiedad intelectual. Mientras Estados Unidos ha frenado las leyes antipiratería (SOPA y PIPA) para buscar un mayor consenso, el citado tratado ya fue suscrito, el año pasado, por Estados Unidos, uno de sus principales impulsores, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros países. Lo que más preocupa a quienes combaten su redactado es que introduce medidas genéricas cuya aplicación concreta podría suponer la persecución penal de proveedores de Internet que supuestamente favorecieran la piratería a nivel comercial.

ACTA admitiría nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de Internet a vigilar los contenidos en Internet, lo que supondría, según sus oponentes, una merma en la libertad de expresión y un incremento de la inseguridad jurídica ya que autorizaría a los titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la Red por parte de los operadores. No se trata de artículos de obligado cumplimiento por parte de los Estados. Las autoridades europeas, ante el escándalo que provocó el conocimiento de las negociaciones secretas del citado tratado, han asegurado que en la UE cualquier fórmula de persecución de la infracción se dará por la vía judicial. Quienes se oponen al tratado, por su ambiguo y genérico redactado, subrayan expresiones como la necesidad de “remedios expeditivos” para prevenir las infracciones y el despliegue de “obstáculos” para impedir que avance la piratería. El texto añade que los procedimientos que se pacten deben respetar la privacidad y la libertad de expresión.

"El ponente del Parlamento Europeo que debía dirigir el debate ha dimitido

El tratado apela a la colaboración entre distintos sectores. La palabra Internet no figura en el redactado que prefiere la expresión “entornos digitales”. El tratado prevé sanciones civiles, por daños y perjuicios a los intermediarios, sobre cuya cuantía no se aclara la manera de fijarla.

Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania figuran entre los países europeos que no lo han suscrito. Según la UE, se trata de un simple retraso por razones de procedimiento. Sin embargo, la división en el Gobierno alemán ha aconsejado, según un portavoz de Exteriores, retrasar su firma hasta haber analizado y debatido más profundamente el texto. Eslovenia, Letonia, Polonia, Rumania y la República Checa han suspendido su ratificación.

En marzo de 2010, la UE publicó el borrador tras la octava ronda negociadora después de que el Parlamento europeo recordara que es competente para estudiar los tratados internacionales en los que participe la UE y mostró su desacuerdo con el secretismo de las negociaciones. La UE ha negado que limite la libertad de expresión. “Los ciudadanos podrán seguir usando las redes sociales como Facebook o Twitter como en el pasado”, ha afirmado uno de sus portavoces.

"Alemania retrasa la firma para estudiar más profundamente el acuerdo

Tras la firma europea, el principal ponente del tratado en el Parlamento, el eurodiputado Kader Arif, presentó su dimisión como tal. Considera que el proceso es una “mascarada”. En un comunicado, Arif explicó que debe denunciar el proceso que ha conducido a la firma del acuerdo “sin participación de la sociedad civil, con falta de transparencia dese el inicio de las negociaciones, sucesivas firmas del texto sin explicaciones y descartando las reivindicaciones del Parlamento expresadas en muchas resoluciones”.

Como ponente del texto, asegura, ha sido testigo de “maniobras inéditas de la derecha" de este Parlamento para imponer un calendario acelerado intentado validar el tratado antes de que la opinión pública fuera alertada de su contenido, “privando de hecho al Parlamento de su derecho de expresión y de emplear las herramientas a su disposición para incorporar las reivindicaciones legítimas de los ciudadanos”. El Parlamento ha procedido a su sustitución por otro eurodiputado.

Fuente: El Pais