La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles delitos societarios en
gestión de la fusión y salida a bolsa de Bankia, según ha revelado este
miércoles el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien
había ordenado mantener las diligencias de investigación en secreto
mientras fuera posible “para no incendiar el parqué” con la divulgación
de una investigación penal sobre la entidad. La presentación de
distintas acciones penales por parte de particulares y su admisión a
trámite por el Juzgado de Instrucción número 21 es lo que ha obligado al
fiscal a judicializar sus investigaciones, según fuentes de la Fiscalía
del Estado. Los delitos investigados, entre los que se citan los de
falsedad y estafa se enuncian, por el momento, solo “a título
indicativo”.
La investigación fue encargada por Torres-Dulce al fiscal jefe
Anticorrupción, Antonio Salinas, el pasado 28 de mayo. En el decreto de
apertura de diligencias se citan cinco posibles delitos a investigar,
entre ellos estafa, apropiación indebida, delitos contables,
administración desleal y falsedad documental. Sin embargo, fuentes de
Anticorrupción precisaron que dicha enumeración corresponde a un
enunciado en la dirección de la investigación y que, por el momento, no
se han apreciado indicios de ningún tipo penal, al estar las diligencias
en una fase de investigación muy prematura. Según dichas fuentes, los
delitos deben determinarse al final de la instrucción y puede ser
algunos de los mencionados u otros distintos.
En el citado decreto, Anticorrupción expresa su “extrañeza” por el
hecho de que Bankia hubiera declarado tener unos beneficios de 305
millones y pocos días después admitiese pérdidas de 2.979 millones. Anticorrupción ha centrado su investigación en dos aspectos: el momento de la fusión de Cajamadrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja para formar Bankia; y el momento de la salida a Bolsa de la entidad.
La Fiscalía quiere conocer el “estado real” de las cajas en el
momento de la fusión, ya que sospecha que no debe ser el mismo que
declararon sus gestores antes de la fusión. Respecto a la salida a
Bolsa, Anticorrupción ha pedido folleto de emisión a la CNMV para conocer la situación patrimonial real de Bankia al llegar al parqué.
Fuentes de la Fiscalía insistieron que han sido las denuncias de
particulares las que han obligado a judicializar el caso, ya que ellos
no pueden llevar una investigación al margen del juzgado. Al recibir la
primera denuncia, el juzgado 21 pidió un informe sobre competencia a la
Fiscalía de Madrid, que a su vez lo reenvió a Anticorrupción, porque era
esta fiscalía especial la que había iniciado las investigaciones.
Anticorrupción remitió un informe al juzgado 21 en el que le manifiesta
que, en su opinión, la competencia para investigar a Bankia corresponde a
la Audiencia Nacional, ya que afecta a cajas repartidas por distintos
territorios geográficos y además, el montante de los posibles delitos
puede producir una grave repercusión en la economía nacional.
Fuentes de Anticorrupción consultadas por este periódico aseguraron
que han solicitado documentación al Banco de España, a la CNMV, a Bankia
y a Deloitte, la firma auditora de la entidad intervenida. Por el
momento no han recibido nada y cuando llegue “no a va a ser cosa de
mirársela en una semana”, aunque para entonces esperan que esté resuelta
la cuestión de competencia y la investigación haya correspondido a la
Audiencia Nacional. Además del fiscal jefe Antonio Salinas, han quedado
adscritos a la investigación otros dos fiscales de Anticorrupción y
posiblemente se pedirán refuerzos de plantilla.
FUENTE: El País
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