La evaluación de Bruselas sobre las iniciativas tomadas por España
para combatir la crisis hay un golpe tras otro a las medidas más
relevantes aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en sus cinco
meses de Gobierno. El examen de los mercados no es mucho mejor: Rajoy fue investido
con la prima de riesgo alta (en torno a 311 puntos), pero la deuda se
acerca peligrosamente a territorio comanche, a zona de intervención; van
ya varias semanas por encima de 500 y subiendo. Bruselas deja una pista sobre el porqué: la reforma financiera "no ha garantizado la estabilidad del sistema bancario".
Más allá de la gestión de Bankia y del resto del sector, en el
informe anexo a las recomendaciones presentadas el miércoles hay un buen
puñado de cargas de profundidad sobre la forma del Gobierno de
conducirse en medio de una crisis tan abrupta. La subida del impuesto sobre la renta es lo contrario de lo que reclamaba Bruselas. La medida relativa al pago a los proveedores podría vulnerar una directiva europea. La reforma laboral
puede ser inconstitucional y el contrato de prueba "puede transformarse
en un contrato temporal de hecho, de baja calidad y con costes de
despido nulos". La reforma de los organismos reguladores tampoco gusta
en Bruselas. E incluso es dudoso que la amnistía fiscal, que ha desatado las iras de parte de los españoles, obtenga los ingresos que pretende el Gobierno.
» Impuestos: en dirección contraria. La Comisión
asegura que las subidas del impuesto sobre la renta "van en la dirección
contraria a la recomendación del Consejo: suponen más presión sobre el
trabajo y el capital", lo que se considera especialmente perjudicial
para el crecimiento. El Ejecutivo ha anunciado una subida del IVA
y otros impuestos indirectos para el próximo año en esa línea. A
Bruselas tampoco le gusta la deducción por vivienda: "La política
tributaria contribuyó al aumento del endeudamiento de las economías
domésticas y a la formación de la burbuja inmobiliaria".
» Pago a proveedores: contra Europa. La medida que
permite a comunidades y ayuntamientos afrontar pagos pendientes "implica
una penalización para los proveedores", que se ven obligados a aceptar
la exclusión de los intereses y otros costes en el pago final. Y lo que
es más grave, es contraria "a los principios de la directiva europea
sobre morosidad".
» Reforma financiera: suspenso en estabilidad.
Bruselas considera que la reforma financiera (en realidad, las dos
reformas que ha puesto en marcha el Gobierno de Rajoy, a las que hay que
sumar otras dos del Ejecutivo socialista desde que empezó la crisis)
"no garantiza la estabilidad del sector", que preocupa sobremanera a las
autoridades europeas y es ahora el principal foco de preocupación de la
crisis europea. Las reformas se centran en los activos inmobiliarios,
pero "dejan sin abordar otros riesgos", entre los que la Comisión cita
los préstamos a pequeñas y medianas empresas y los créditos hipotecarios
para la adquisición de vivienda, ante el incremento de morosidad
derivado de la prolongación de la crisis y el elevado desempleo.
» Fusión de reguladores: dudosa eficacia e
independencia. El Gobierno español ha anunciado su intención de
fusionar, en el segundo semestre del presente año, la Comisión Nacional
de la Competencia con siete autoridades de supervisión y regulación
nacionales (energía, telecomunicaciones, servicios postales, medios
audiovisuales, transporte ferroviario, transporte aéreo y juegos de
azar), creando así un organismo único, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. El objetivo es mejorar la eficiencia. Sin
embargo, el actual proyecto de ley no garantiza que el nuevo
superregulador actúe "de forma eficaz e independiente".
» Reforma laboral: ¿constitucional? La reforma va en
la dirección correcta, pero no es lo suficiente ambiciosa en las
cláusulas de garantía salarial y la ultraactividad de los convenios.
Puede "provocar un aumento del desempleo" a corto plazo
(así ha sido). Pero lo más peligroso son los nuevos contratos de
prueba, que pueden convertirse en contratos temporales por la puerta de
atrás: "Existe el riesgo de que las empresas utilicen el periodo de
prueba de un año para transformar este contrato en un contrato temporal
de hecho, de baja calidad y con costes de rescisión nulos". Los
contratos de aprendizaje presentan un riesgo similar. "La reforma
también depende demasiado de incentivos financieros a la creación de
empleo, ineficientes en el pasado". Y lo más grave: "Siguen persistiendo
dudas acerca de si algunos elementos de la reforma son compatibles con
la Constitución Española".
»Miscelánea: más golpes. La Comisión publicó este
jueves en torno a 150.000 folios entre exámenes, recomendaciones y
demás. Entre los dedicados a España, cabe espigar todavía algunas
críticas. "La Ley [de Estabilidad presupuestaria] contempla un periodo
de transición largo, hasta 2020. Por otra parte, las vertientes
preventiva, correctora y coercitiva del nuevo marco presupuestario
implican unos plazos relativamente largos y pueden no ser suficientes
para garantizar una corrección oportuna de los desvíos". Bruselas
considera que los ingresos de la amnistía fiscal pueden estar
sobrevalorados. El Gobierno prevé aflorar 25.000 millones, pero a
Bruselas la cifra le parece optimista, al igual que las previsiones para
2013 y los años posteriores: ni el crecimiento económico ni los
ingresos públicos alcanzarán los vaticinios del Ejecutivo. Tampoco las
comunidades autónomas y la Seguridad Social —con riesgo de déficit—
cumplirán. La Comisión vuelve a poner énfasis en la necesidad de activar
un calendario de privatizaciones. E incluso se muestra deliberadamente
ambigua sobre la posibilidad una sorpresa adicional para los maltrechos
bolsillos de los contribuyentes: las autovías de pago.
FUENTE: El País
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