Así pretende Gallardón acabar con la independencia del Poder Judicial
on el plan que quiere poner en marcha el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Consejo General del Poder Judicial quedaría tan vaciado de competencias que sería el poder político el que controlara directamente a los jueces. Informes realizados en el CGPJ son demoledores: si el Gobierno aprueba finalmente la reforma que tiene prevista realizar Gallardón, se rompe totalmente el equilibrio de definen a las democracias actuales. Sería una absoluta involución.
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Con el plan del ministro Ruiz-Gallardón, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) perdería sus actuales competencias en selección de jueces y en formación inicial; es decir, en la Escuela Judicial -que se encuentra en Barcelona-, y que es un auténtico referente mundial en este campo. Esa escuela, como muchas otras cosas, pasaría bajo el control del Ministerio de Justicia, es decir, del poder político, pero también se perderían las competencias en formación continuada. Sería una de las consecuencias de la gran involución que Ruiz-Gallardón pretende en la actual sociedad democrática española.
Con el plan de Ruiz-Gallardón, el órgano de gobierno de los jueces perdería también sus competencias en Inspección, en Estadística Judicial y en Modernización de la Justicia. Hay que recordar que el CGPJ es la única institución que tiene una visión completa de la Administración de Justicia, ya que las competencias -tanto en medios materiales (edificios, luz, etc.) como humanos (funcionarios)- están repartidas entre el Ministerio de Justicia -que controla a 6 autonomías sin competencias en Justicia- y 11 Comunidades Autónomas donde se han transferido esas competencias.
El Gobierno también pondría sus garras con ese plan en el Punto Neutro Judicial, que actualmente controla el CGPJ; un punto desde el que se comunican todas las instituciones de justicia entre sí y con bancos, cajas de ahorro, dirección general de tráfico, etc. Como consecuencia, los jueces quedarían desapoderados y dependientes del Ministerio de Justicia.
También se haría el Gobierno con el Servicio de Inspección, el Servicio de Estadística Judicial (auténtica brújula que dice qué es lo que funciona bien y lo que funciona mal, dónde hay que poner parches y dónde la funciona perfectamente), el Centro de Documentación Judicial (que se encuentra en San Sebastián, donde se reciben y se digitalizan todas las sentencias, y se gestionan las publicaciones oficiales, entre otra muchas cosas), y el Servicio de Relaciones Internacionales.
El control internacional, para el Gobierno
En el seno del Consejo General del Poder Judicial se hace verdadera chanza en torno a toda la cuestión de los viajes, especialmente de los internacionales, que es donde hace especial hincapié el ministro Ruiz-Gallardón. Resulta que España es el eje central de la Cumbre Judicial Iberoamericana, organización que reúne a todos los poderes judiciales de Iberoamérica, Portugal, España y Andorra... y no hay ninguna organización parecida de este tipo en el mundo.
España, a través del CGPJ, detenta la Secretaría Permanente y otro país, en periodos rotacionales cada cuatro años, la Secretaría Pro Tempore, o temporal. Se trabaja continuamente en la consecución de objetivos de calado en el marco de los poderes judiciales como, por ejemplo, con la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), de la que España forma parte, y en otros campos como modernización, estadística o coordinación. En este sentido, España es una auténtica potencia mundial en materia judicial, y con el plan de Gallardón todo se va al garete.
Otro ejemplo similar: un hijo predilecto de esta cooperación internacional de España a través del CGPJ en materia civil y penal es la Red Iberoamericana de Cooperación (Iber Red), que nació en 2004 y en la que participan 22 países iberoamericanos, Andorra, España y Portugal. Por no mencionar nuestra participación en la Red de Consejos de Europa, cuya presidencia detentamos, y en la que cooperamos con bastante intensidad.
Igualmente, con el 'asalto' de Ruiz-Gallardón a la Justicia desaparecería todo el Servicio de Comunicación y Relaciones con los Medios de Comunicación, actividades ahora dependientes del CGPJ y desplegado en las 17 Comunidades Autónomas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el propio Consejo, haciendo regresar al poder judicial español -en materia de transparencia- a los años predemocráticos de los 70.
En definitiva, el 'Plan Gallardón' supone, según fuentes judiciales, el mayor ataque contra el reparto democrático de poderes, en este caso contra el poder judicial. La actitud de Gallardón hay que englobarla en un espectro más amplio: una auténtica vuelta a los 70, con medidas regresivas en leyes como la del aborto, según se está viendo estos días.
Con el plan de Ruiz-Gallardón, el órgano de gobierno de los jueces perdería también sus competencias en Inspección, en Estadística Judicial y en Modernización de la Justicia. Hay que recordar que el CGPJ es la única institución que tiene una visión completa de la Administración de Justicia, ya que las competencias -tanto en medios materiales (edificios, luz, etc.) como humanos (funcionarios)- están repartidas entre el Ministerio de Justicia -que controla a 6 autonomías sin competencias en Justicia- y 11 Comunidades Autónomas donde se han transferido esas competencias.
El Gobierno también pondría sus garras con ese plan en el Punto Neutro Judicial, que actualmente controla el CGPJ; un punto desde el que se comunican todas las instituciones de justicia entre sí y con bancos, cajas de ahorro, dirección general de tráfico, etc. Como consecuencia, los jueces quedarían desapoderados y dependientes del Ministerio de Justicia.
También se haría el Gobierno con el Servicio de Inspección, el Servicio de Estadística Judicial (auténtica brújula que dice qué es lo que funciona bien y lo que funciona mal, dónde hay que poner parches y dónde la funciona perfectamente), el Centro de Documentación Judicial (que se encuentra en San Sebastián, donde se reciben y se digitalizan todas las sentencias, y se gestionan las publicaciones oficiales, entre otra muchas cosas), y el Servicio de Relaciones Internacionales.
El control internacional, para el Gobierno
En el seno del Consejo General del Poder Judicial se hace verdadera chanza en torno a toda la cuestión de los viajes, especialmente de los internacionales, que es donde hace especial hincapié el ministro Ruiz-Gallardón. Resulta que España es el eje central de la Cumbre Judicial Iberoamericana, organización que reúne a todos los poderes judiciales de Iberoamérica, Portugal, España y Andorra... y no hay ninguna organización parecida de este tipo en el mundo.
España, a través del CGPJ, detenta la Secretaría Permanente y otro país, en periodos rotacionales cada cuatro años, la Secretaría Pro Tempore, o temporal. Se trabaja continuamente en la consecución de objetivos de calado en el marco de los poderes judiciales como, por ejemplo, con la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), de la que España forma parte, y en otros campos como modernización, estadística o coordinación. En este sentido, España es una auténtica potencia mundial en materia judicial, y con el plan de Gallardón todo se va al garete.
Otro ejemplo similar: un hijo predilecto de esta cooperación internacional de España a través del CGPJ en materia civil y penal es la Red Iberoamericana de Cooperación (Iber Red), que nació en 2004 y en la que participan 22 países iberoamericanos, Andorra, España y Portugal. Por no mencionar nuestra participación en la Red de Consejos de Europa, cuya presidencia detentamos, y en la que cooperamos con bastante intensidad.
Igualmente, con el 'asalto' de Ruiz-Gallardón a la Justicia desaparecería todo el Servicio de Comunicación y Relaciones con los Medios de Comunicación, actividades ahora dependientes del CGPJ y desplegado en las 17 Comunidades Autónomas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el propio Consejo, haciendo regresar al poder judicial español -en materia de transparencia- a los años predemocráticos de los 70.
En definitiva, el 'Plan Gallardón' supone, según fuentes judiciales, el mayor ataque contra el reparto democrático de poderes, en este caso contra el poder judicial. La actitud de Gallardón hay que englobarla en un espectro más amplio: una auténtica vuelta a los 70, con medidas regresivas en leyes como la del aborto, según se está viendo estos días.
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