Ofensiva represiva del Gobierno español contra la protesta social pacifica, mediante fuerzas de la gestapo policial.
El Gobierno del PP pretende hacer frente a la protesta social derivada de su recortes a través de la ofensiva represiva. Los manifestantes en Madrid recientemente, y anteriormente en Valencia y Asturias, han sufrido una represión que hasta hace poco parecía potestad exclusiva de Euskal Herria.
«Menos Estado social, más Estado policial», es una frase de autoría difícilmente atribuible y que ha recorrido las trincheras ideológicas de la izquierda desde hace décadas. Hoy en día refleja la cruda realidad de un Estado español que, tras desmantelar a golpe de recorte buena parte del Estado de bienestar, no duda en reprimir policial y judicialmente la protesta social derivada de sus acciones.
La sección «A fondo» de NAIZ desgrana, en un amplio trabajo periodístico, la escalada represiva con la que el Ejecutivo español pretende hacer frente a la protesta social derivada de sus recortes.
El año empezó caliente con la «primavera valenciana», cuando estudiantes del instituto Lluis Vives reclamaron en la calle calefacción para sus clases y fueron duramente reprimidos por un jefe de la Policía española que no dudó en calificarlos de «enemigos».
Mes y medio más tarde llegó uno de los puntos culminantes, con motivo de la huelga general del 29 de marzo contra la reforma laboral. Catalunya fue el epicentro. Tras los sobredimensionados incidentes de la jornada de protesta en Barcelona, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un total de 113 personas, seis de las cuales, en diferentes periodos, han pasado varias semanas en prisión preventiva.
Dentro de la crónica represiva del 29 de marzo, Barcelona compartió protagonismo con Euskal Herria, donde las detenciones se cebaron con los huelguistas de Iruñea y la Ertzaintza, en Gasteiz, mandó al hospital a Xuban Nafarrate. Esta es, de hecho, una de las claves de la escalada represiva; tras experimentar durante años en Euskal Herria, parece que la maquinaria represiva se traslada ahora al resto del Estado. El abogado y defensor de los Derechos Humanos catalán Jaume Asens defiende que están intentando «trasladar la política antiterrorista de Euskal Herria al resto del Estado».
De hecho, esta política no se limita a la actuación policial –muy discutida después de la muerte de Iñigo Cabacas, y las desproporcionadas cargas en Barcelona y Madrid–, sino que se extiende al campo político y judicial. «Quieren incluir hasta la resistencia pacífica como delito de atentado», explica Asens en referencia a la enésima reforma del Código Penal que prepara el Gobierno del PP en colaboración con CiU. «Hay un ciclo de represión que va a la par de una movilización de masas», sentencia.
Las indiscriminadas cargas policiales contra la marcha negra de los mineros en Madrid –una mujer tuvo que ser ingresada en la UCI por el impacto de una pelota de goma– han sido el último capítulo de un libro que, a juzgar por el constante e imparable deterioro económico del Estado y de las personas que lo habitan, todavía tiene muchas páginas en blanco por llenar.
Lo siento, me he equivocado y no volveré a hacerlo. Después de que un jefe de policía valenciano nos llamase “el enemigo” y después de que hace un par de semanas, la reforma del código penal propuesta por el gobierno nos haga sentir como “criminales” en potencia, dije que las autoridades tardarían un mes en llamar al ciudadano terrorista. Me equivoqué. Han tardado mucho menos.
Como comentamos ayer y posiblemente sabréis, los Mossos d’Esquadra de Barcelona, es decir, la Consejería de Interior de la Generalitat Catalana, han publicado en su web uno de esos cuadros de fotografías como los que hay con los rostros de etarras fugados, con el rostro de 68 personas a las que se acusa de ser sospechosas de los actos violentos que tuvieron lugar el día de la última huelga general, el 29 M. En la página web también se pueden consultar hasta 231 fotografías y tres vídeos con el fin de que los ciudadanos les ayudemos a identificar violentos y les delatemos ante la policía. No les basta con llamarnos “terroristas”, también quieren poder llamarnos “chivatos”. No les basta con llamar “sospechosos” a personas que son inocentes mientras un juez no dictamine lo contrario, quieren que los demás también se lo llamemos. No les basta con acusar públicamente a personas que no tienen causa judicial ninguna sino que además quieren fomentar la sospecha entre los ciudadanos, quieren que nos miremos con desconfianza y resquemor. No les basta con los palos excesivos que dieron en algunas de las manifestaciones de los últimos meses, ahora también quieren darnos el palo moral. A lo mejor los palos que reparten en las manifestaciones son para sacarnos delicadamente información sobre otros violentos. Ellos van con los rostros cubiertos por su seguridad pero pueden descubrir los de cualquiera de nosotros. Ni a las autoridades ni a las fuerzas de seguridad les importa nuestra seguridad. Qué paradoja, aunque no hay de qué extrañarse, llevan tiempo dando buena muestra de ello.
No les basta con excederse en sus funciones, quieren que les hagamos el trabajo sucio. No les basta con acusarnos, también quieren ponerse la toga y sentenciarnos. A lo mejor quieren sustituir el martillo de juez por la porra de policía. Por lo visto a las autoridades catalanas les sobran los juzgados, la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad y el derecho a la defensa. Ya puestos podrían correr a porrazos a los jueces en aplicación de la reforma del código penal: por resistencia pasiva a la autoridad. No les basta con pasarse la ley por el forro, además tienen que forrar la web pública con nuestros rostros y convertirnos a todos en sospechosos o delatores, como en la guerra civil. Ya puestos podrían reeditar la costumbre de llevar a la gente a las tapias y en lugar de fusilamientos hacer ruedas de reconocimiento y fusilar a los sospechosos a escupitajos. Hoy se lee en los periódicos que según algunos informes, ETA sigue activa. A lo mejor es que creen que todos los españoles somos un célula activa. Como sigan por este camino, vamos a terminar teniendo razones para ello.
Terminarían antes publicando las fotos de los carnés de identidad de todos los españoles e invitándonos a delatarnos unos a otros, ya sea porque no hemos tirado la basura o porque nos hemos saltado un semáforo. Todos somos sospechosos de algo, todos somos el enemigo de alguien, todos somos criminales en potencia. Y ahora además todos podemos ser terroristas. Aunque si quieren fotos de ciudadanos peligrosos para el sistema y personas que atentan sus principios básicos, que miren en las bases de datos de la consejería de Interior de Cataluña y de algunos parlamentos. Y si quieren delatores, aquí tienen uno.
“¿Cómo puede ser que mi hijo esté en prisión? Solo fue a una huelga”
Tres de los detenidos en Barcelona por los altercados del 29-M siguen en la cárcel
Las familias han recurrido el encarcelamiento dictado por la jueza
POCO O NADA ESTA HACIENDO MARIANO RAJOY PARA IMPEDIR QUE SE UTILICE LA POLICIA, COMO ELEMENTO DE CARGA BRUTAL Y CRUEL, CONTRA LOS CIUDADANOS QUE TIENEN EL LEGITIMO DERECHO DE MANIFESTARSE SIN QUE TENGAN QUE SER BRUTALMENTE APALEADOS POR ELLO. ES EL ESTADO DEL SR. RAJOY QUIEN PERMITE INSTAURAR UNA GUERRA CRUEL EL LAS CALLES.
DESDE SIN CENSURA EN INTERNET, PENSAMOS QUE ES CONVENIENTE PONERLE CARA A LOS DESGARRADORES TESTIMONIOS QUE COMPARTIMOS CON LA GENTE. ESA CARA, NO PUEDE SER OTRA QUE LA DEL SR. WERT Y EL SR. RAJOY, QUE HASTA AHORA HAN VENIDO PERMITENDO EL USO DE LA BRUTALIDAD POLICIAL.
INVITAMOS AL SR. RAJOY A QUE EXPONGA SU PUNTO DE VISTA EN ESTE BLOG, AUNQUE PRESUMIMOS QUE NO LO HARÁ, DADA SU HABILIDAD PARA ESCONDERSE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN LOS MOMENTOS CLAVE.
Os dejamos con el artículo de El Pais, y una recopilación de videos que hemos seleccionado.
El jueves 29 de marzo, a las once de la mañana, un grupo de agentes
de los Mossos d’Esquadra vestidos de paisano detuvo en la capital
catalana a Ismael Benito y a Daniel Ayyash, de 20 y 19 años, estudiantes
de la Universidad de Barcelona. Un poco antes, la policía arrestó
también a Javier Tadeo, de 30 años, licenciado. Los tres llevan una
semana en prisión provisional: Tadeo está acusado de cruzar contenedores
en la calle y cortar el tráfico; los dos estudiantes, de quemarlos,
cortar el tráfico y atentar contra la autoridad el día de la huelga
general en Barcelona.
Amigos, partidos políticos, el entorno universitario e incluso el
Colegio de Abogados de Barcelona y Girona se han volcado en la defensa
de los jóvenes
Ninguno de los tres pudo participar en los incidentes más graves que se vivieron por la tarde en la ciudad,
y que acabaron con 80 heridos (seis de gravedad), porque ya estaban en
comisaría. Ellos fueron los primeros en pasar a disposición judicial.
Otras cinco personas afrontaron las penas de prisión pero eludibles con
fianza de entre 3.000 y 4.000 euros. Solo uno de ellos ingresó (salió
este jueves). De los otros 71 arrestados, ninguno se enfrentó a una
petición de cárcel.
“¿Cómo puede ser que mi hijo esté en prisión? Solo fue a una huelga”,
se pregunta Cristina Sala, madre de Ayyash. La titular del juzgado de
instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García, justifica la medida
por el riesgo de que no se presenten ante el tribunal y por el peligro
de que reincidan en otras citas en la ciudad de riesgo, como la reunión
del Banco Central Europeo prevista el 3 de mayo, el derbi entre el
Barcelona y el Espanyol, previsto para el 6 de mayo y el 1 de mayo. Los
estudiantes no tienen antecedentes y viven con sus padres. Tadeo estuvo
involucrado en el sitio al Parlamento catalán el pasado 15 de junio,
pero no ha sido juzgado aún. García es la única de los tres jueces que
han tomado declaración a los detenidos en la huelga que ha dictado
prisión sin fianza.
“Nunca, ni en mis peores pesadillas, me podría haber imaginado algo
así. Tengo un hijo ejemplar”, repite Isabel Altamirano, madre de Ismael.
Ambas familias están desesperadas por la medida excepcional. Amigos,
partidos políticos, el entorno universitario e incluso el Colegio de
Abogados de Barcelona y Girona se han volcado en la defensa de los
jóvenes. El diputado Joan Josep Nuet (ICV-EUiA) ha enviado una carta al
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que intervenga a su favor.
Ismael está becado para estudiar Física, trabaja en la universidad y
estudia 5º en la Escuela Oficial de Idiomas. “Me enteré de la detención
por Facebook a las once de la noche”, recuerda su madre. Miembros de la
Asociación de Estudiantes Progresistas, de la que ambos forman parte, le
escribieron diciéndole que estaba en la comisaría del barrio de Les
Corts de Barcelona. “No le dejaron llamar por teléfono. ¿Esto es la
justicia española? ¿Dónde está el derecho de mi hijo?”, se pregunta.
Altamira no ha podido verle desde entonces. “Es increíble”, solloza. Su
marido, conductor de autobús de TMB, está de baja a raíz del arresto “Mi
hijo estaba en el momento equivocado, en lugar equivocado”, se queja
esta administrativa de Comarruga (Tarragona).
Daniel compagina con excelencia Física y Matemáticas. Su madre se
enteró por un tío suyo que el joven estaba en comisaría. “Los amigos
buscaron en las páginas blancas y, como tiene un apellido poco común,
dieron con su tío y le preguntaron si era familiar”, recuerda Sala. “Yo
creía que saldría, él también. Después, a las tantas de la noche, me
dicen que ingresaba en prisión sin fianza y sin nada... No me lo podía
creer”, explica. Cuando madre e hijo pudieron al final hablar por
teléfono, el joven se echó a llorar: “Estaba deshecho, no entendía lo
que estaba pasando”, cuenta Sala. En Terrassa, donde vive, se
manifestaron decenas de personas a su favor y las hermanas de Daniel han
recogido 30 testimonios que acreditan que jamás ha tenido actitudes
violentas.
Los dos han negado ante la policía las acusaciones. Los Mossos
encontraron una mochila con petardos y líquido para encender barbacoas,
que los jóvenes no reconocen como propia. Los agentes les vigilaron
durante más de cuatro horas mientras ejercían de piquetes informativos
en la universidad y, según fuentes policiales, pueden acreditar con
imágenes lo que hicieron. Su familia pide presunción de inocencia y que
sigan en libertad hasta que un juez decida si cometieron los actos
vandálicos.
“Si les condenasen por ese tipo de delitos ni siquiera entrarían en
prisión”, argumenta el letrado Jaume Asens, experto en movimientos
sociales. En los tres casos, la fiscalía pidió cárcel para los jóvenes.
“Había presión mediática”, asegura el abogado de uno de ellos, que añade
que están “muy preocupados” por si no pueden acabar el curso.
Los agentes les vigilaron durante más de cuatro horas mientras ejercían
de piquetes informativos en la universidad y, según fuentes policiales,
pueden acreditar con imágenes lo que hicieron.
“Es absolutamente desproporcionado. La juez cambia el papel de juez
por el de profeta”, lamenta el abogado Benet Salellas, que defiende a
Javiero. Su cliente, licenciado universitario, trabaja cuidando ancianos
y estudia un máster para ejercer de profesor. También ha contado con
todo el apoyo de su entorno. Al entender de Salellas, el “clima
mediático” llevó a la juez a acordar la prisión como “medida
ejemplarizante”. El consejero de Interior, Felip Puig, ha aplaudido la
drástica decisión en contra de lo que él ha denominado “guerrilla
urbana”. Las madres de los jóvenes los consideran “cabezas de turco”.
Las defensas de los tres encarcelados han recurrido la prisión. En el
caso de los jóvenes, la jueza decidirá cuando regrese de vacaciones.
Salellas ha apelado directamente a la Audiencia.
El Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada ha manifestado que permitirá a las empresas de seguridad privada conocer datos personales de las bases de datos policiales. Según la nota de prensa difundida por la Policia en su página web se trata de que las empresas de seguridad remitan información a la Policía y esta a su vez de información a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. El plan se denomina Plan Azul y trata de profundizar en la colaboración entre empresas privadas y la policía. La nota de prensa, escrita en un tono más propio de una consultora (sí, en el peor sentido de la palabra, esto es muchas palabras y poco contenido), señala que:
Para realizar este ambicioso plan, la Policía Nacional se compromete a facilitar la información pertinente en base a la reciprocidad y bidireccionalidad; integrar y distribuir la información recibida, que será integrada en el sistema de información de policial para su explotación por parte de otras unidades; permitir la participación en la planificación activa de servicios, y se compromete también a reconocer profesionalmente el aporte informativo o material realizado por el sector privado.Paralelamente las empresas de Seguridad Privada utilizarán los canales y procedimientos establecidos; pondrán a disposición de la Policía Nacional toda la información que posean sobre hechos delictivos o susceptibles de afectar a la seguridad ciudadana; se comprometen a hacer un buen uso de la información recibida y guardar la reserva necesaria de la información o apoyo que reciban.
Lo que viene a suponer que la Policía va a entregar información a las empresas privadas, pero bajo el criterio de que se dará en función de lo que aporten las empresas. Las empresas deben dar información sobre delitos que conozcan, una obligación que ya está en la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, artículo 19:
3. Tampoco podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegará a su conocimiento y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido.
Además las empresas de Seguridad Privada (LSP), por esa misma ley tienen la obligación de comunicar todas sus actividades, artículo 2.4:
4. Asimismo, las empresas de seguridad y los detectives privados presentarán cada año un informe sobre sus actividades al Ministerio del Interior, que dará cuenta a las Cortes Generales del funcionamiento del sector. Dicho informe habrá de contener relación de los contratos de prestación de los servicios de seguridad celebrados con terceros, con indicación de la persona con quien se contrató y de la naturaleza del servicio contratado, incluyéndose igualmente los demás aspectos relacionados con la seguridad pública, en el tiempo y en la forma que reglamentariamente se determinen.
Y por supuesto la obligación genérica de colaborar, artículo 1.4:
4. Las empresas y el personal de seguridad privada tendrán obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados.
En resumen, que con el anuncio de ayer la Policía se compromete a dar información a cambio de nada que no tuviese ya (llamativa la mención a los tiempos de crisis), pero eso sí, todo justificado porque así estaremos más seguros, por supuesto... Ni que decir tiene que dar datos de las bases de datos policiales a una empresa privada para fines tales como:
"El Corte Inglés, por ejemplo, si retiene a alguna persona por hurto o robo, podrá pedir información sobre sus antecedentes policiales"
suena mucho a una cesión de datos de caracter personal, pero preguntado por ello, el Comisario Jefe ha indicado que:
"[...] las empresas no tendrán acceso a datos de carácter personal de los ciudadanos ni a investigaciones policiales abiertas o judicializadas."
Y que además, esto no supone una comunicación de datos personales puesto que:
"[...] el comisario Gándara considera que se trata solo de “confirmar” una información."
Para los que, como el comisario, no lo sepan, una comunicación de datos personales se define en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, como (artículo 3.i)
"toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado"
El hecho de responder, en sentido negativo o afirmativo, a la existencia de antecedentes penales por parte de la policía supone una comunicación de datos, ya que esa respuesta indica informaciones sobre la persona. Pero además, que digo yo que a El Corte Inglés que más le da si me han pillado robando anteriormente, puesto que sus vigilantes lo único que pueden hacer es, artículo 11.1.d LSP
Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.
Por lo que si se va a poner a quien cometía un delito (o falta) a disposición de la Policía no hay ninguna razón legal para indicar a la empresa ni la mera existencia de antecedentes. Como se ve, y esto es lo preocupante, lo que se pretende no es algo que no exista ya, sino que por el tono de las declaraciones lo que parece es que se va a vender el acceso a la base de datos, si no no se explica la mención a los tiempos de crisis, de la Policía a las empresas sujetas a la Ley de Seguridad Privada. Evidentemente todo este Plan Azul necesita de la modificación de unas cuantas normas para que no termine siendo negro, pero si es como la información que se ha hecho pública presenta muchos problemas de legalidad permitir a empresas privadas acceder a los datos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esperemos que la Agencia Española de Protección de Datos ponga orden en este asunto, e incluso que jueces y fiscales estén atentos a estas manifestaciones, claramente preocupantes.
Como comprobara el lector, todo esto una autentica falacia, un nuevo ataque a la las libertades a la dignidad personal del ciudadano y a su privacidad, que esta perfectamente definida en la Constitución Española:
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades,
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
Artículo 18
Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Como se ve y queda demostrado, una vez mas se pasan la constitución por donde amargan los pepinos, pues la realidad de toda esta gran mentira es que cualquier chorizo (que los hay y muchos) de las empresa privadas de seguridad tendrán acceso privilegiado, rápido y total a la información altamente sensible de cualquier ciudadano español español e inclusive Europeo o emigrante tenga o no residencia en España y haya cometido o no delito, infracción o falta alguna, pues a trabes de las bases de datos de la Policía, se puede acceder a la información de cualquiera de nosotros, como es cuentas corrientes, estado de las mismas, si se tiene o no se tiene un prestamos o una hipoteca, situación de todo el sistema, si esta o no esta bajo investigación, si pertenece o no a una sociedad o grupo determinado, etc, etc.
Nos encontramos pues ante una nueva y terrorífica amenaza ha toda nuestra privacidad personal que deben debería ser denunciada de inmediato ante el Tribunal Constitucional, y al mismo tiempo ante el Tribunal Supremo, pues a todas luces esta acción tiene visos de ser ademas de totalmente ilegal, proporcionar una herramienta para la comisión de todo tipo de delitos por parte de empresas privadas.
EL FASCISMO AVANZA... NO TE DUERMAS CIUDADANO, TE ESTAN QUITANDO LA LIBERTAD, TANTO A TI COMO A TU FAMILIA Y ENTORNO. PONIENDO UNA NUEVA PIEDRA MAS EN LAS BASES QUE NOS LLEVARAN A SER SIMPLES ESCLAVOS EN MANOS DEL FASCIO. ¡PIENSA EN TUS HIJOS Y NIETOS.!.
La portada del ABC de mañana, ha sido filtrada y ampliamente difundida en redes sociales. Desconocemos si se trata de una estrategia de ventas de ABC, o si se trata de una auténtica filtración, lo que si podemos decir es que las imagenes son espeluznantes. Y lo decimos con cierta sorpresa, ya que en artículos anteriores hemos criticado a ABC por ejercer una presunta censura en sus noticias. No obstante, los medios de comunicación están vivos, evolucionan, y si podemos decir, que esta línea editorial de ABC de mañana, al menos está mostrando la crudeza de la situación actual. No tenemos acceso a la edición, con lo que no podemos comentar los puntos de vista de lo que van a publicar, pero una cosa si es cierta. ESPAÑA ARDE, LA GENTE NO PUEDE MAS Y YA LO ESTAMOS VIENDO.