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viernes, 2 de marzo de 2012

La policía española cederá datos de todo tipo y de todos los ciudadanos a las empresas privadas de seguridad



La noticia queda como sigue.

El Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada ha manifestado que permitirá a las empresas de seguridad privada conocer datos personales de las bases de datos policiales. Según la nota de prensa difundida por la Policia en su página web se trata de que las empresas de seguridad remitan información a la Policía y esta a su vez de información a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. El plan se denomina Plan Azul y trata de profundizar en la colaboración entre empresas privadas y la policía. La nota de prensa, escrita en un tono más propio de una consultora (sí, en el peor sentido de la palabra, esto es muchas palabras y poco contenido), señala que:
Para realizar este ambicioso plan, la Policía Nacional se compromete a facilitar la información pertinente en base a la reciprocidad y bidireccionalidad; integrar y distribuir la información recibida, que será integrada en el sistema de información de policial para su explotación por parte de otras unidades; permitir la participación en la planificación activa de servicios, y se compromete también a reconocer profesionalmente el aporte informativo o material realizado por el sector privado. Paralelamente las empresas de Seguridad Privada utilizarán los canales y procedimientos establecidos; pondrán a disposición de la Policía Nacional toda la información que posean sobre hechos delictivos o susceptibles de afectar a la seguridad ciudadana; se comprometen a hacer un buen uso de la información recibida y guardar la reserva necesaria de la información o apoyo que reciban.
Lo que viene a suponer que la Policía va a entregar información a las empresas privadas, pero bajo el criterio de que se dará en función de lo que aporten las empresas. Las empresas deben dar información sobre delitos que conozcan, una obligación que ya está en la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, artículo 19:
3. Tampoco podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegará a su conocimiento y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido.
Además las empresas de Seguridad Privada (LSP), por esa misma ley tienen la obligación de comunicar todas sus actividades, artículo 2.4:
4. Asimismo, las empresas de seguridad y los detectives privados presentarán cada año un informe sobre sus actividades al Ministerio del Interior, que dará cuenta a las Cortes Generales del funcionamiento del sector. Dicho informe habrá de contener relación de los contratos de prestación de los servicios de seguridad celebrados con terceros, con indicación de la persona con quien se contrató y de la naturaleza del servicio contratado, incluyéndose igualmente los demás aspectos relacionados con la seguridad pública, en el tiempo y en la forma que reglamentariamente se determinen.
Y por supuesto la obligación genérica de colaborar, artículo 1.4:
4. Las empresas y el personal de seguridad privada tendrán obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados.
En resumen, que con el anuncio de ayer la Policía se compromete a dar información a cambio de nada que no tuviese ya (llamativa la mención a los tiempos de crisis), pero eso sí, todo justificado porque así estaremos más seguros, por supuesto... Ni que decir tiene que dar datos de las bases de datos policiales a una empresa privada para fines tales como:
"El Corte Inglés, por ejemplo, si retiene a alguna persona por hurto o robo, podrá pedir información sobre sus antecedentes policiales"
suena mucho a una cesión de datos de caracter personal, pero preguntado por ello, el Comisario Jefe ha indicado que:
"[...] las empresas no tendrán acceso a datos de carácter personal de los ciudadanos ni a investigaciones policiales abiertas o judicializadas."
Y que además, esto no supone una comunicación de datos personales puesto que:
"[...] el comisario Gándara considera que se trata solo de “confirmar” una información."
Para los que, como el comisario, no lo sepan, una comunicación de datos personales se define en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, como (artículo 3.i)
"toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado"
El hecho de responder, en sentido negativo o afirmativo, a la existencia de antecedentes penales por parte de la policía supone una comunicación de datos, ya que esa respuesta indica informaciones sobre la persona. Pero además, que digo yo que a El Corte Inglés que más le da si me han pillado robando anteriormente, puesto que sus vigilantes lo único que pueden hacer es, artículo 11.1.d LSP
Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.
Por lo que si se va a poner a quien cometía un delito (o falta) a disposición de la Policía no hay ninguna razón legal para indicar a la empresa ni la mera existencia de antecedentes. Como se ve, y esto es lo preocupante, lo que se pretende no es algo que no exista ya, sino que por el tono de las declaraciones lo que parece es que se va a vender el acceso a la base de datos, si no no se explica la mención a los tiempos de crisis, de la Policía a las empresas sujetas a la Ley de Seguridad Privada. Evidentemente todo este Plan Azul necesita de la modificación de unas cuantas normas para que no termine siendo negro, pero si es como la información que se ha hecho pública presenta muchos problemas de legalidad permitir a empresas privadas acceder a los datos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esperemos que la Agencia Española de Protección de Datos ponga orden en este asunto, e incluso que jueces y fiscales estén atentos a estas manifestaciones, claramente preocupantes.



COMENTARIO:

Como comprobara el lector, todo esto una autentica falacia, un nuevo ataque a la las libertades a la dignidad personal del ciudadano y a su privacidad, que esta perfectamente definida en  la Constitución Española:
Título I. De los derechos y deberes fundamentales 
Capítulo segundo. Derechos y libertades,  
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 
Artículo 18
  • Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
  • El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
  • Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
  • La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Ver sinopsis 
Como se ve y queda demostrado, una vez mas se pasan la constitución por donde amargan los pepinos, pues la realidad de toda esta gran mentira es que cualquier chorizo (que los hay y muchos) de las empresa privadas de seguridad tendrán acceso privilegiado, rápido y total a la información altamente sensible de cualquier ciudadano español español e inclusive Europeo o emigrante tenga o no residencia en España y haya cometido o no delito, infracción o falta alguna, pues a trabes de las bases de datos de la Policía, se puede acceder a la información de cualquiera de nosotros,  como es cuentas corrientes, estado de las mismas, si se tiene o no se tiene un prestamos o una hipoteca, situación de todo el sistema, si esta o no esta bajo investigación, si pertenece o no a una sociedad o grupo determinado, etc, etc.

Nos encontramos pues ante una nueva y terrorífica amenaza ha toda nuestra privacidad personal que deben debería ser denunciada de inmediato ante el Tribunal Constitucional, y al mismo tiempo ante el Tribunal Supremo, pues a todas luces esta acción tiene visos de ser ademas de totalmente ilegal, proporcionar una herramienta para la comisión de todo tipo de delitos por parte de empresas privadas.

EL FASCISMO AVANZA... NO TE DUERMAS CIUDADANO, TE ESTAN QUITANDO LA LIBERTAD, TANTO A TI COMO A TU FAMILIA Y ENTORNO. PONIENDO     UNA NUEVA PIEDRA MAS EN LAS BASES QUE NOS LLEVARAN A SER SIMPLES ESCLAVOS EN MANOS DEL FASCIO. ¡PIENSA EN TUS HIJOS Y NIETOS.!.

Er Makoki.

viernes, 24 de febrero de 2012

La Casa Blanca anuncia la “ley de los Derechos de Privacidad de los usuarios” para erradicar el seguimiento online



Facebook, Google, Microsoft, Apple… la lista de gigantes que se ha visto inmerso de una manera u otra en el seguimiento y rastreo de usuarios para fines publicitarios es alargada. Meses de denuncia por parte de los usuarios que desde hace unas horas podrían haber obtenido sus resultados. La Casa Blanca ha anunciado la Consumer Privacy Bill of Rights, una propuesta lanzada por el propio Obama con la que se tratará de salvaguardar la privacidad de los usuarios en la red. Mientras, Google, Yahoo, Microsoft o AOL ya han mostrado su compromiso a trabajar en la tecnología anti-rastreo.
Los consumidores no pueden esperar más.
Esta frase, toda una declaración de intenciones, fue el inicio del slogan con el que Obama parece haber escuchado las demandas descritas durante estos meses. Nuevas normas sobre privacidad que incluirán un manual de “buenas intenciones” para la industria con el que evitar el seguimiento en web con fines publicitarios, dicho de otra forma, el famoso rastreo de los comportamientos de los consumidores en Internet (un ejemplo de esto es el (último caso protagonizado por Google).

Un plan descrito a través de una carta en siete puntos muy clasificadores. Lo primero que hay que aclarar es que, aunque con forma de ley, se trataría de una propuesta destinada a orientar tanto a consumidores como a empresas sobre los límites y derechos de cada uno.

Para las empresas se detalla claramente las medidas a tomar, orientación sobre cómo utilizar la información personal y las medidas para incorporar esos principios en las regulaciones federales. También se incluye la negociación de un conjunto de prácticas sobre la protección del consumidor y su defensa de los datos personales. Se espera que estas “prácticas” tengan carácter ejecutivo por la Comisión Federal de Comercio en el país.

Evidentemente y para que esto tenga sentido las empresas deben de aceptar los términos. Por esta razón y durante varios meses se ha estado negociando la utilización de tecnología anti-rastreo en los navegadores. A día de hoy la mayoría de compañías están de acuerdo, gigantes como Google, Yahoo, Microsoft o AOL han acordado el modelo que abre las puertas a esta ley de los Derechos de Privacidad anunciada.

El modelo do not track permitirá a los consumidores a elegir si quieren o no optar por comercializar sus comportamientos o, por el contrario, prefieren bloquear el seguimiento de los anunciantes. Tras el anuncio de la administración, Jon Leibowitz, presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC), comentaba sobre el gran paso:
Es fantástico ver que las empresas están dando un paso adelante para nuestro desafío por proteger la privacidad y que los consumidores tengan más opciones y control sobre la forma en que se realiza un seguimiento online. Aún queda mucho por hacer, pero el trabajo que han hecho hasta ahora es muy alentador.
Y aquí vienen los siete principios anunciados por la administración, las disposiciones específicas que contienen este primer paso hacia los derechos de privacidad de los usuarios. Un comienzo de lo más alentador:
  • Control individual: Este primer punto explica que los consumidores tienen derechos como consumidores a ejercer el control sobre lo que las organizaciones recopilan en torno a sus datos personales y cómo hacen uso de ellos.

  • Transparencia: El epígrafe explica detalladamente que cada consumidor tiene derecho a obtener información comprensible sobre su privacidad y las prácticas que se lleven a cabo.

  • Respeto de contexto: En este caso se explica que los consumidores tienen derecho a que la recogida de la información, así como sus usos y divulgación sean consistentes a un contexto propicio.

  • Seguridad: Los consumidores tendrán derecho a proteger y manejar de manera responsable sus datos personales.

  • Acceso y exactitud: En este punto se explica el derecho a acceder y corregir datos personales en formatos utilizables de manera que sea acorde a la sensibilidad de los propios datos y al riesgo de consecuencias adversas para los consumidores (si los datos son inexactos).

  • Enfoque de datos: Los consumidores tendrán derecho a límites razonables de sus datos personales para que las empresas recojan y/o conserven los mismos.

  • Cuentas: Finalmente, los consumidores tienen derecho a que los datos personales tratados por las empresas tengan las medidas adecuadas para asegurar que se adhieren a la Consumer Privacy Bill of Rights.
Estos son los siete puntos y principios con los que se espera regularizar las prácticas de seguimiento de los comportamientos de los usuarios. Una propuesta que trata de acercarse así a las tipificadas por la propia Unión Europea y que en muchas ocasiones chocaban con los ciudadanos del continente. Una legislación que esperemos sirva para exigir a las empresas transparencia a la hora de recopilar nuestros datos.