Ofensiva represiva del Gobierno español contra la protesta social pacifica, mediante fuerzas de la gestapo policial.
El Gobierno del PP pretende hacer frente a la protesta social derivada de su recortes a través de la ofensiva represiva. Los manifestantes en Madrid recientemente, y anteriormente en Valencia y Asturias, han sufrido una represión que hasta hace poco parecía potestad exclusiva de Euskal Herria.
«Menos Estado social, más Estado policial», es una frase de autoría difícilmente atribuible y que ha recorrido las trincheras ideológicas de la izquierda desde hace décadas. Hoy en día refleja la cruda realidad de un Estado español que, tras desmantelar a golpe de recorte buena parte del Estado de bienestar, no duda en reprimir policial y judicialmente la protesta social derivada de sus acciones.
La sección «A fondo» de NAIZ desgrana, en un amplio trabajo periodístico, la escalada represiva con la que el Ejecutivo español pretende hacer frente a la protesta social derivada de sus recortes.
El año empezó caliente con la «primavera valenciana», cuando estudiantes del instituto Lluis Vives reclamaron en la calle calefacción para sus clases y fueron duramente reprimidos por un jefe de la Policía española que no dudó en calificarlos de «enemigos».
Mes y medio más tarde llegó uno de los puntos culminantes, con motivo de la huelga general del 29 de marzo contra la reforma laboral. Catalunya fue el epicentro. Tras los sobredimensionados incidentes de la jornada de protesta en Barcelona, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un total de 113 personas, seis de las cuales, en diferentes periodos, han pasado varias semanas en prisión preventiva.
Dentro de la crónica represiva del 29 de marzo, Barcelona compartió protagonismo con Euskal Herria, donde las detenciones se cebaron con los huelguistas de Iruñea y la Ertzaintza, en Gasteiz, mandó al hospital a Xuban Nafarrate. Esta es, de hecho, una de las claves de la escalada represiva; tras experimentar durante años en Euskal Herria, parece que la maquinaria represiva se traslada ahora al resto del Estado. El abogado y defensor de los Derechos Humanos catalán Jaume Asens defiende que están intentando «trasladar la política antiterrorista de Euskal Herria al resto del Estado».
De hecho, esta política no se limita a la actuación policial –muy discutida después de la muerte de Iñigo Cabacas, y las desproporcionadas cargas en Barcelona y Madrid–, sino que se extiende al campo político y judicial. «Quieren incluir hasta la resistencia pacífica como delito de atentado», explica Asens en referencia a la enésima reforma del Código Penal que prepara el Gobierno del PP en colaboración con CiU. «Hay un ciclo de represión que va a la par de una movilización de masas», sentencia.
Las indiscriminadas cargas policiales contra la marcha negra de los mineros en Madrid –una mujer tuvo que ser ingresada en la UCI por el impacto de una pelota de goma– han sido el último capítulo de un libro que, a juzgar por el constante e imparable deterioro económico del Estado y de las personas que lo habitan, todavía tiene muchas páginas en blanco por llenar.
“¿Cómo puede ser que mi hijo esté en prisión? Solo fue a una huelga”
Tres de los detenidos en Barcelona por los altercados del 29-M siguen en la cárcel
Las familias han recurrido el encarcelamiento dictado por la jueza
POCO O NADA ESTA HACIENDO MARIANO RAJOY PARA IMPEDIR QUE SE UTILICE LA POLICIA, COMO ELEMENTO DE CARGA BRUTAL Y CRUEL, CONTRA LOS CIUDADANOS QUE TIENEN EL LEGITIMO DERECHO DE MANIFESTARSE SIN QUE TENGAN QUE SER BRUTALMENTE APALEADOS POR ELLO. ES EL ESTADO DEL SR. RAJOY QUIEN PERMITE INSTAURAR UNA GUERRA CRUEL EL LAS CALLES.
DESDE SIN CENSURA EN INTERNET, PENSAMOS QUE ES CONVENIENTE PONERLE CARA A LOS DESGARRADORES TESTIMONIOS QUE COMPARTIMOS CON LA GENTE. ESA CARA, NO PUEDE SER OTRA QUE LA DEL SR. WERT Y EL SR. RAJOY, QUE HASTA AHORA HAN VENIDO PERMITENDO EL USO DE LA BRUTALIDAD POLICIAL.
INVITAMOS AL SR. RAJOY A QUE EXPONGA SU PUNTO DE VISTA EN ESTE BLOG, AUNQUE PRESUMIMOS QUE NO LO HARÁ, DADA SU HABILIDAD PARA ESCONDERSE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN LOS MOMENTOS CLAVE.
Os dejamos con el artículo de El Pais, y una recopilación de videos que hemos seleccionado.
El jueves 29 de marzo, a las once de la mañana, un grupo de agentes
de los Mossos d’Esquadra vestidos de paisano detuvo en la capital
catalana a Ismael Benito y a Daniel Ayyash, de 20 y 19 años, estudiantes
de la Universidad de Barcelona. Un poco antes, la policía arrestó
también a Javier Tadeo, de 30 años, licenciado. Los tres llevan una
semana en prisión provisional: Tadeo está acusado de cruzar contenedores
en la calle y cortar el tráfico; los dos estudiantes, de quemarlos,
cortar el tráfico y atentar contra la autoridad el día de la huelga
general en Barcelona.
Amigos, partidos políticos, el entorno universitario e incluso el
Colegio de Abogados de Barcelona y Girona se han volcado en la defensa
de los jóvenes
Ninguno de los tres pudo participar en los incidentes más graves que se vivieron por la tarde en la ciudad,
y que acabaron con 80 heridos (seis de gravedad), porque ya estaban en
comisaría. Ellos fueron los primeros en pasar a disposición judicial.
Otras cinco personas afrontaron las penas de prisión pero eludibles con
fianza de entre 3.000 y 4.000 euros. Solo uno de ellos ingresó (salió
este jueves). De los otros 71 arrestados, ninguno se enfrentó a una
petición de cárcel.
“¿Cómo puede ser que mi hijo esté en prisión? Solo fue a una huelga”,
se pregunta Cristina Sala, madre de Ayyash. La titular del juzgado de
instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García, justifica la medida
por el riesgo de que no se presenten ante el tribunal y por el peligro
de que reincidan en otras citas en la ciudad de riesgo, como la reunión
del Banco Central Europeo prevista el 3 de mayo, el derbi entre el
Barcelona y el Espanyol, previsto para el 6 de mayo y el 1 de mayo. Los
estudiantes no tienen antecedentes y viven con sus padres. Tadeo estuvo
involucrado en el sitio al Parlamento catalán el pasado 15 de junio,
pero no ha sido juzgado aún. García es la única de los tres jueces que
han tomado declaración a los detenidos en la huelga que ha dictado
prisión sin fianza.
“Nunca, ni en mis peores pesadillas, me podría haber imaginado algo
así. Tengo un hijo ejemplar”, repite Isabel Altamirano, madre de Ismael.
Ambas familias están desesperadas por la medida excepcional. Amigos,
partidos políticos, el entorno universitario e incluso el Colegio de
Abogados de Barcelona y Girona se han volcado en la defensa de los
jóvenes. El diputado Joan Josep Nuet (ICV-EUiA) ha enviado una carta al
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que intervenga a su favor.
Ismael está becado para estudiar Física, trabaja en la universidad y
estudia 5º en la Escuela Oficial de Idiomas. “Me enteré de la detención
por Facebook a las once de la noche”, recuerda su madre. Miembros de la
Asociación de Estudiantes Progresistas, de la que ambos forman parte, le
escribieron diciéndole que estaba en la comisaría del barrio de Les
Corts de Barcelona. “No le dejaron llamar por teléfono. ¿Esto es la
justicia española? ¿Dónde está el derecho de mi hijo?”, se pregunta.
Altamira no ha podido verle desde entonces. “Es increíble”, solloza. Su
marido, conductor de autobús de TMB, está de baja a raíz del arresto “Mi
hijo estaba en el momento equivocado, en lugar equivocado”, se queja
esta administrativa de Comarruga (Tarragona).
Daniel compagina con excelencia Física y Matemáticas. Su madre se
enteró por un tío suyo que el joven estaba en comisaría. “Los amigos
buscaron en las páginas blancas y, como tiene un apellido poco común,
dieron con su tío y le preguntaron si era familiar”, recuerda Sala. “Yo
creía que saldría, él también. Después, a las tantas de la noche, me
dicen que ingresaba en prisión sin fianza y sin nada... No me lo podía
creer”, explica. Cuando madre e hijo pudieron al final hablar por
teléfono, el joven se echó a llorar: “Estaba deshecho, no entendía lo
que estaba pasando”, cuenta Sala. En Terrassa, donde vive, se
manifestaron decenas de personas a su favor y las hermanas de Daniel han
recogido 30 testimonios que acreditan que jamás ha tenido actitudes
violentas.
Los dos han negado ante la policía las acusaciones. Los Mossos
encontraron una mochila con petardos y líquido para encender barbacoas,
que los jóvenes no reconocen como propia. Los agentes les vigilaron
durante más de cuatro horas mientras ejercían de piquetes informativos
en la universidad y, según fuentes policiales, pueden acreditar con
imágenes lo que hicieron. Su familia pide presunción de inocencia y que
sigan en libertad hasta que un juez decida si cometieron los actos
vandálicos.
“Si les condenasen por ese tipo de delitos ni siquiera entrarían en
prisión”, argumenta el letrado Jaume Asens, experto en movimientos
sociales. En los tres casos, la fiscalía pidió cárcel para los jóvenes.
“Había presión mediática”, asegura el abogado de uno de ellos, que añade
que están “muy preocupados” por si no pueden acabar el curso.
Los agentes les vigilaron durante más de cuatro horas mientras ejercían
de piquetes informativos en la universidad y, según fuentes policiales,
pueden acreditar con imágenes lo que hicieron.
“Es absolutamente desproporcionado. La juez cambia el papel de juez
por el de profeta”, lamenta el abogado Benet Salellas, que defiende a
Javiero. Su cliente, licenciado universitario, trabaja cuidando ancianos
y estudia un máster para ejercer de profesor. También ha contado con
todo el apoyo de su entorno. Al entender de Salellas, el “clima
mediático” llevó a la juez a acordar la prisión como “medida
ejemplarizante”. El consejero de Interior, Felip Puig, ha aplaudido la
drástica decisión en contra de lo que él ha denominado “guerrilla
urbana”. Las madres de los jóvenes los consideran “cabezas de turco”.
Las defensas de los tres encarcelados han recurrido la prisión. En el
caso de los jóvenes, la jueza decidirá cuando regrese de vacaciones.
Salellas ha apelado directamente a la Audiencia.
