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jueves, 24 de mayo de 2012

El despido gratuito estará permitido hasta que el paro baje del 15%

El despido gratuito estará permitido hasta que el paro baje del 15%

 

El PP pacta 46 enmiendas con los diferentes grupos, la mayoría de ellas, con CiU. El proyecto sale adelante con los votos de conservadores y convergentes

 

El despido podrá seguir siendo gratuito en los contratos de prueba a pesar de que mejore la situación del desempleo en España. Sólo dejará de estar dentro de la ley si la tasa desciende del 15%. Sin embargo, según las previsiones que maneja el Ejecutivo, la tasa de paro de 2015 será aún peor que la del año pasado. Dentro de tres años, el 22,3% de la población activa estará sin trabajo, frente al 21,64% de media con que se cerró el ejercicio 2011.
Esta es una de las principales novedades que se ha introducido a la reforma laboral del Gobierno durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. El PP ha pactado 46 enmiendas con los diferentes grupos parlamentarios, si bien la mayoría de ellas han sido acordadas con CiU. El proyecto de ley ha sido finalmente aprobado con los 25 votos a favor de conservadores y convergentes. En contra se han pronunciado PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, Geroa Bai y BNG (en total 17). Tras su paso por la Cámara Baja, donde se habían registrado 656 enmiendas, ahora el proyecto de ley será enviado al Senado, que está previsto que nuevamente lo devuelva al Congreso en junio para su aprobación definitiva.
Una de las modificacios incluidas es la que pone límite al despido gratis en el caso de los contratos indefinidos para autónomos y pymes de menos de 50 trabajadores con un periodo de prueba de un año. La misma limitación se aplicará a los contratos para la formación y el aprendizaje. Asimismo, el PP y CiU han pactado que la caída de ingresos durante tres trimestres que justifica el despido por causas económicas se produzca en comparación con el mismo periodo del año anterior. Respecto al periodo de consultas que se debe abrir entre la empresa y los representantes de los trabajadores en caso de despido colectivo, PP y CiU han pactado que pueda ser sustituido en cualquier momento por un procedimiento de mediación o arbitraje. Lo que no varía es que la autoridad laboral deberá limitarse a constatar que han existido causas de fuerza mayor para los despidos. Otra enmienda destacada que se introduce, esta vez pactada con Foro, es que la ultraactividad –prórroga automática de los convenios una vez que han expirado y no hay acuerdo para su renovación– se limite a un año, en vez de a los dos que recogía el texto original.

Una enmienda limita a un año la prórroga automática de convenios colectivos 


También con el grupo catalán y con el BNG, el PP ha pactado que el empresario podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10 % de la jornada de trabajo de sus empleados, lo que deberá comunicar al afectado con un mínimo de cinco días. Además, con CiU se han negociado bonificaciones por nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos. La bonificación equivaldrá al 50 % de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima de cotización durante los 18 meses inmediatamente siguientes a la fecha de alta, así como para las empresas -excluidas las del sector público- dedicadas al turismo, comercio u hostelería que generen actividad en marzo y noviembre se crea una bonificación en dichos meses del 50 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y formación profesional. Además, se ha pactado que los "descuelgues" de un convenio de ámbito superior se produzcan si la empresa suma dos trimestres consecutivos de disminución persistente de ingresos ordinarios o ventas respecto al mismo período del año anterior.

Las ETT, agencias de colocación

En lo que afecta a la jurisdicción social, PP y CiU han consensuado que las eventuales demandas contra decisiones empresariales vayan a juicio dentro de los quince días siguientes a su admisión a trámite, en tanto que la sentencia se dictará en cinco días y será recurrible en casación ordinaria.
Con el PSOE el PP ha acordado que las empresas de trabajo temporal podrán actuar como agencias de colocación cuando cuenten con la correspondente autorización y que los trabajadores discapacitados puedan ser trasladados por su empresa a otra localidad en que sea más accesible su tratamiento. Con UPyD el PP ha consensuado que la aportación que tienen que hacer al Tesoro Público las empresas de más de 100 trabajadores que hagan despidos colectivos que incluyan a personas de 50 sea exigible también si la regulación de empleo es temporal. Y con Izquierda Plural ha acordado que al contrato de formación y aprendizaje puedan acogerse los trabajadores que cursen formación profesional del sistema educativo y que su prórroga no pueda ser inferior a seis meses.
Por su parte, el PP ha introducido en el texto enmiendas que concretan el papel de asesoramiento y consulta de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y los despidos de personal laboral de los entes, organismos y entidades del sector público que tengan insuficiencia presupuestaria durante tres trimestres consecutivos.

Fuente
publico.es

 

jueves, 12 de abril de 2012

El PP impone más censura,1º internet,y ahora pensar,podría ser delito.

NUESTRO COMENTARIO: Esto es sencillamente intolerable, ya dijimos en nuestro blog SIN CENSURA EN INTERNET, que no se pueden tolerar de forma alguna ningún tipo de censura. Lo hemos tolerado. Hemos permitido que se cierren páginas web con la aprobación de la Ley Sinde Wert. ¿Y por qué lo hemos permitido? Lo hemos permitido, porque no se han convocado manifestaciones SIN INTERRUPCION ALGUNA Y DE FORMA CONTINUADA (que en nuestra opinión es lo que debía de haberse hecho, y no se hizo).

 ¿Cual ha sido el resultado? El resultado ha sido demostrar al gobierno, que los ciudadanos somos borregos manejables y se puede seguir controlando al rebaño, con intimidación, miedo, y más censura. ¿Cómo? Reformando el Código Penal, para que la gente calle y no pueda hablar en Internet, para que no puedan expresar su indignación y para que no puedan convocar manifestaciones. Nuestro blog, solo podría existir para adorar las virtudes del Sr. Rajoy, y como no estamos dispuestos a hacerlo, tendríamos que cerrar, exponernos a ser encarcelados o emitir ilegalmente.


El pueblo tiene lo que ha tolerado. CENSURA. Y habrá más. La próxima será aplicada a sindicatos y organizaciones profesionales.
 La pregunta que hacemos ahora, va para usted querido lector.
  • ¿Lo va a soportar?
  • ¿Se va a quedar mirando?
  • ¿Quiere usted volver a la época de la censura franquista -con minúsculas-, donde nadie hablaba por miedo?
  • ¿Quiere usted eso para sus hijos?
Desde aquí hacemos un llamamiento a:
  • La ciudadanía
  • Los intelectuales y libre pensadores
  • Las organizaciones y colectivos profesionales
  • Los sindicatos, para se ponga freno a este asalto descarado y cruel contra las libertades fundamentales y los derechos de los ciudadanos.
Recuerden. Recuerden bien lo que inició el Sr. Zapatero desde el PSOE con su censura en Internet, y lo que su amigo y compañero Rajoy del PP ha secundado. El pueblo ya no tiene derechos, ni a pensar ni a ser libre, solo a obedecer. Y cuando se impone la tiranía, solo nos queda tener esperanza, esperanza porque la cordura y el buen hacer político venga de nuevo, la calma se instaure, y se evite lo que suele ocurrir en estos casos: Revueltas Populares, y Guerras Civiles. Avisados quedan ustedes señoras y señoras. Recoja cada cual vela, en al área que le corresponda.

Os dejamos con un interesante artículo de PÚBLICO:

El 15-M denuncia que el Gobierno recurra a la "estrategia del miedo"

Intelectuales, abogados y activistas afines al movimiento creen que Rajoy pretende "amedrentar" a los ciudadanos con el anuncio de la reforma del Código Penal


Estadio de miedo, ejercicio de amedrentamiento, escalada de tensión, alarma social... Es la conclusión a la que llegan intelectuales, abogados y ciudadanos vinculados al 15-M respecto a la intención del Gobierno de reformar el Código Penal.
Los ministerios de Interior y Justicia pretenden castigar con al menos dos años de cárcel a quien convoque a través de internet una protesta que altere gravemente el orden público o en la que se ataquen a las fuerzas de seguridad del Estado. 

Incluso sería considerado como un delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva, como dejó ayer claro el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, lo que ha provocado una enérgica respuesta por parte de los movimientos sociales.


"Se legisla a golpe de titular", protesta el abogado y ensayista Servando Rocha, que ha llevado el caso de dos detenidos tras la manifestación que desembocó en el nacimiento del 15-M. "La reforma, desde un punto de vista jurídico, es una locura, ya que hay una delgada línea roja entre la desobediencia, la resistencia y el delito de atentado a la autoridad", explica el responsable de la editorial La Felguera.

Rajoy sigue empeñado en controlar las libertades
"Es muy sencillo que te imputen el delito de atentado. No puede ser que por revolverte ante unos agentes te expongas a penas de cárcel", afirma Rocha, consciente en todo caso de la dificultad de plasmar sobre el papel el endurecimiento de la ley. "Es una medida represiva. Además, se legisla antes de que se produzca el delito, porque no existe una alarma social. Se trata de usar reformas legislativas profundas realizadas a la ligera para transmitir miedo y controlar a los colectivos sociales", añade el abogado, sorprendido ante la intención del Gobierno de considerar como delito la resistencia pasiva. "Hablamos del típico cuerpo muerto en una sentada pacífica. Ahí no hay ánimo por parte del manifestante de evitar una detención o de agredir a los policías".

Pero, en el caso de que se produjesen incidentes en una manifestación, ¿cuál sería la responsabilidad del convocante? "La Delegación de Gobierno te pide servicios de orden, pero ahí acaba tu responsabilidad. Tú no puedes hacer el trabajo de la Policía", aclara Rocha, quien advierte del peligro de que se se llegue a "un estadio de miedo en el que nadie va a querer convocar nada". Según él, ya ha habido casos de protestas que no han prosperado "por temor a una sanción administrativa", pero en este caso "hablaríamos de un delito penal grave, lo cual es una locura".

El endurecimiento del Código Penal y el 15-M

¿Está íntimamente relacionada la hipotética reforma con el surgimiento del 15-M? Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, cree que los gobernantes temen el movimiento. "Su peso es notablemente mayor que cualquier otro ocurrido en el pasado y eso, con certeza, les preocupa", apunta. "Andan desesperados por la concepción no violenta del 15-M y tienen que recurrir a este tipo de decisiones, que producen estupor y escapan a todo tipo de fundamento racional".

Taibo cree, como otros intelectuales consultados, que el Gobierno tendrá problemas para aplicar las medidas anunciadas, aunque según ellos la intención que subyace sería otra. "Podría ser una estrategia de globo sonda dirigida a preocupar a la ciudadanía –aunque luego no pueda llevarse a cabo– con un efecto indirecto: que la gente, por ejemplo, no vaya a las asambleas del 15-M", añade el autor del libro Nada será como antes (Catarata). "Un ejercicio de amedrentamiento contra la gente común, no sólo contra los activistas".

El control comenzó por el cierre de páginas web, y como ya pudimos preveer, ahora se extiende a que los ciudadanos puedam hablar, comunicarse y convocar manifestaciones o protestas a través de Internet.
 
Raimundo Viejo coincide en el análisis. "Legalmente, la reforma no se va a sostener, por lo que no hay que caer en el alarmismo de que [los gobernantes] están yendo tan lejos. Lo grave no está tanto en la ley como en que pueda favorecer la escisión de la gente que se moviliza hacia grupos violentos. O bien la desafección y el socavamiento de las bases democráticas, que podría traducirse en la aparición de movimientos de extrema derecha", cree el profesor de Teoría Política de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

"La gente tiene cada vez mas poder y al Estado sólo le queda la escalada de tensión: recurriendo a las políticas de emergencia y difuminando los contornos del estado de derecho, para que así la interpretación y la gestión del control social recaiga sobre la Policía", insiste Viejo. "No interesa negociar con el movimiento, interesa destruirlo".

Si bien considera que "gran parte de la ciudadanía se va a seguir movilizando, porque la gestión de la crisis económica es tan nefasta que va a haber mil motivos para manifestarse", algunas asambleas del 15-M tachan el endurecimiento del Código Penal de "atentado contra nuestros derechos". Cristina Marchán, miembro del movimiento en Santiago de Compostela, cree que si sale adelante estarán "prácticamente indefensos" y no podrán "reivindicar absolutamente nada".


"La reforma es propia de países tan evolucionados en materia de derechos sociales como China. Supone un retroceso tremendo que nos deja en los tiempos del franquismo. No podemos dejar que esto se haga realidad", se queja Marchán, quien observa una "relación bastante directa" entre la "resistencia pacifica y pasiva del 15-M" y la inclusión de ésta como delito de atentado a la autoridad en el Código Penal.

Criminalización de los movimientos sociales


La reforma también consideraría delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria a través de cualquier medio de actos que alteren el orden público, incluida la red, algo "malévolo y premeditado" a juicio de la activista gallega. "Con la criminalización de convocatorias por internet te ponen a la altura de un terrorista", sentencia Marchán. 

Jon Aguirre Such, que participó activamente en el 15-M, opina que la medida anunciada por Interior implica la "represión de todo tipo de actividades de lucha" y niega a los ciudadanos la posibilidad de manifestarse pacíficamente.  "Es un síntoma muy claro de que el actual Gobierno puede acometer todo tipo de acciones para tratar de mantener un status quo que, cada vez más, está en tela de juicio".

De ahí que, según él, el Estado recurra a la "legitimación de la violencia policial en aras de los intereses del mercado y de los agentes políticos y económicos", a los que responsabiliza de la crisis. "Es un ataque directo contra los ciudadanos que vienen trabajando por los derechos sociales que tanto tiempo, sudor, esfuerzo y lagrimas han costado", asevera Aguirre Such, que se pregunta: "Si los ciudadanos no podemos manifestarnos pacíficamente por nuestros derechos, ¿qué nos queda?".

FUENTE: PUBLICO - http://www.publico.es/espana/429104/el-15-m-denuncia-que-el-gobierno-recurra-a-la-estrategia-del-miedo