Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 30 de septiembre de 2012
Este artículo analiza el
contexto político que configura una serie de hechos, incluyendo la
preparación del presupuesto 2013 propuesto por el gobierno del Partido
Popular, acentuando el papel de las fuerzas financieras, económicas y
políticas que han determinado su contenido.
Estos últimos días de septiembre
ocurrieron cuatro hechos que definen con toda claridad la raíz del
problema al que España se enfrenta. Uno fue la presentación del
presupuesto por parte del Gobierno español en el que se indica que el
Estado tendrá que pagar casi 40.000 millones de euros a los acreedores
(la mayoría bancos extranjeros y españoles) para cubrir lo que se les
debe como consecuencia de tener que abonarles los intereses de la deuda
pública española que poseen. Esta elevada cantidad se debe a los altos
intereses de tal deuda, consecuencia, en gran parte, no de la
especulación de los mercados financieros –como constante y erróneamente
se asume en los medios donde la sabiduría convencional se reproduce–
sino de la oposición del Banco Central Europeo a comprar deuda pública
en los mercados primarios, es decir, directamente al Estado español,
como hace cualquier Banco Central digno de su nombre (tal como el
Federal Reserve Board de EEUU, el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña o
el Banco de Japón). Los máximos beneficiarios de estos pagos del Estado a
los acreedores son los bancos españoles y europeos (entre los cuales
sobresalen los alemanes que tienen una excesiva dimensión, influencia y
protagonismo en las instituciones de la Eurozona) que recibieron
prestado dinero del mismo BCE a unos intereses por debajo de un 1%, con
el cual compraron deuda pública española a unos intereses del 6% y el
7%. Un negocio redondo para tales instituciones financieras, que
consiguieron gracias a la ayuda del BCE, que no es un banco central sino
un lobby de la banca y muy en especial de la banca alemana. A aquellos
que consideren el término lobby una exageración les aconsejo que lean,
no ya las actas del BCE (que son secretas) sino las publicaciones de tal
institución. Y verán si dicho término es o no adecuado para definir el
BCE, el mayor promotor hoy en la Eurozona de las políticas de austeridad
(austeridad, por cierto, que no aplica a su propio comportamiento, pues
acaba de estrenar una sede exuberante en Frankfurt que ha costado seis
veces más de lo inicialmente calculado y que albergará a los
funcionarios mejor pagados del establishment público europeo). En tales
boletines, la defensa de los intereses de la banca es central en la
percepción de lo que el BCE considera ser su función. Tal defensa se
viste con el traje de que “su misión es controlar la inflación”. En esta
defensa de sus intereses, irán a extremos que van desde desmantelar la
Seguridad Social en España, hasta recuperar la semana laboral de seis
días. Es, como bien dice Noam Chomsky, la lucha de clases unilateral de
una minoría –la banca– en contra de todos los demás.
El poder de la banca: el endeudamiento de España
Esta deuda, sin embargo, está basada, en
parte, en la enorme influencia de la banca no solo sobre el BCE sino
también sobre el Estado español. Hoy, la influencia de la banca sobre la
sociedad española rebasa cualquier límite tolerable en un sistema
democrático. Todos –desde los partidos políticos, a la prensa, las
empresas y las familias– están enormemente endeudados con la banca. La
actitud tan poco crítica de los medios de información hacia el
comportamiento de la banca y su dominio de la vida política y mediática
del país se basa precisamente en este hecho. En lugar de denunciar esta
relación obvia entre las instituciones financieras y las instituciones
políticas, los medios de mayor difusión y los partidos mayoritarios
atribuyen el endeudamiento al comportamiento supuestamente irresponsable
de las familias, de las pequeñas y medianas empresas (las grandes
tienen ya más dinero de lo que necesitan para invertir) y del Estado. Es
lo que se llama en inglés, el “victim blaming”, es decir
responsabilizar a la víctima de su propia tragedia.
En tal argumentación se ignoran y/u
ocultan varios hechos. El endeudamiento de las familias se debe a la
disminución de su capacidad adquisitiva, resultado del descenso de las
rentas del trabajo como porcentaje de la renta total del país, descenso
que ha sido mucho más acentuado durante los últimos años debido a las
reformas laborales y a la disminución salarial que tales reformas
intentaron y alcanzaron exitosamente.
El endeudamiento de las medianas y
pequeñas empresas se debe, en parte, al descenso de la demanda de sus
productos y servicios, consecuencia de la disminución de la capacidad
adquisitiva de las clases populares y también a la gran carestía del
crédito, resultado de la desviación de la actividad crediticia de la
banca hacia actividades especulativas más rentables como las inversiones
inmobiliarias, habiéndose establecido el maridaje banca-sector
inmobiliario que llevó al desastre.
El endeudamiento del estado se debe a
las políticas fiscales regresivas que han beneficiado sistemáticamente a
las rentas del capital y a las rentas superiores a costa de las rentas
del trabajo. Esta regresividad explica la gran pobreza del estado (los
ingresos al estado español son los más bajos de la UE-15, un 31% del
PIB, comparado con un 44% en el promedio de la UE-15 y un 54% en
Suecia). Y este problema se acentuó todavía más mediante las reformas
fiscales regresivas aprobadas en el momento de expansión económica
(estimulada por la burbuja inmobiliaria). Así, como resultado de la
reforma tributaria del 2006, el estado dejó de recoger en 2008 19.600
millones de euros (según los datos del Servicio de Estudios y
Estadísticas Fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas). Los
impuestos sobre el capital descendieron un 39% y los de las rentas
superiores un 11%.
España no se hubiera endeudado tanto si
hubiera tenido un sistema tributario más justo y más avanzado. La bajada
de impuestos explica que el estado tuviera que pedir prestado a los
bancos para cubrir el agujero creado en sus arcas precisamente como
consecuencia de la bajada de impuestos a las rentas del capital y rentas
superiores. Como resultado de esta situación, el estado, además de
bajarles los impuestos a los súper ricos, ahora les paga unos intereses
muy altos, a través de los bancos, por los bonos que han comprado con el
dinero conseguido en los recortes de impuestos. Otro negocio más que
redondo, para el beneficio primordialmente de lo que se llamaba
burguesía financiera y los súper ricos.
Pero esta enorme necesidad de
endeudamiento fue una gran golosina, no sólo para la banca española sino
también para la banca europea y, muy en especial, la banca alemana. De
ahí que la banca alemana tenga hoy casi 200.000 millones de euros
prestados en el territorio español, tanto en deuda pública como privada.
Y está hoy muy preocupada pues el estallido de la burbuja inmobiliaria
(a la que contribuyó en gran medida a que se inflara) puede arrasar toda
la banca, incluida la alemana.
El llamado rescate al sistema bancario
Lo cual me lleva al segundo hecho
acaecido el 28 de septiembre. La decisión del gobierno español de pedir
el rescate a la banca, mediante el préstamo de 40.000 millones de euros
(casi la misma cifra que el estado español tendrá que pagar a la banca
por la deuda), para asegurarse lo que se llama “la viabilidad del
sistema bancario español”, a lo que tendría que haberse añadido “y de la
banca alemana”. Es decir que el estado pide dinero (que tendrá que
devolver el propio estado, pagado por el ciudadano español) a las
autoridades de la eurozona, donde la banca alemana es muy influyente,
para ayudar a la banca, asegurándose así que no quiebre y que se pague a
la banca alemana (entre otras). Como bien dijo el asesor económico al
gobierno alemán, el Sr. Peter Bofinger, en su comentario sobre la
aprobación de 100.000 millones de euros para el rescate a la banca
española “Esta ayuda no es a estos países en problemas (como España)
sino a nuestros propios bancos que poseen una gran cantidad de deuda
privada en estos países”.
Las condiciones leoninas del rescate: el presupuesto del Estado
Este rescate se hace en condiciones
leoninas que tendrán que pagar las clases populares a base de enormes
sacrificios y recortes, incluidos los recortes que recoge el presupuesto
propuesto por el gobierno el día 27 de septiembre, el tercer hecho
digno de mención. La falta de medidas de protección de la capacidad
adquisitiva de los pensionistas y de los desempleados es un ejemplo más
de la insensibilidad social del presupuesto que aparece con toda
intensidad en los recortes de gasto público social y disminución muy
notable de la protección social. Su brutalidad queda demostrada en que
incluso la Troika indicó que las medidas tomadas por el gobierno iban
incluso más allá de lo que la propia Troika les exigía. El gobierno
español ha sido siempre el alumno aventajado del establishment
neoliberal que domina las estructuras de la gobernanza de la eurozona.
Y todas estas políticas se presentan
como las únicas posibles, negando y ocultando la evidencia fácilmente
accesible de que sí las hay. El BCE podría actuar, por ejemplo, como un
banco central, con el objetivo de estimular la economía y no sólo
controlar la inflación. El estado español podría haber tenido ya en
anteriores presupuestos y en los actuales una política fiscal mucho más
progresiva, de manera que en lugar de recortar las pensiones (para
conseguir 1.200 millones de euros) podría haber mantenido el impuesto de
patrimonio (consiguiendo 2.100 millones) o anulado la bajada del
impuesto de sucesiones (consiguiendo 2.552 millones) o anulado la bajada
de impuestos a las personas que ingresen más de 120.000 euros al año
(consiguiendo 2.500 millones). O en lugar de recortar 6.000 millones en
sanidad, podrían haber anulado la bajada del impuesto de sociedades de
las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y
que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), consiguiendo con
ello 5.300 millones.
O en lugar de recortar 200 millones a
los servicios de atención a las personas con dependencias, podrían haber
eliminado el subsidio del estado a la Iglesia Católica para que enseñe
religión católica en las escuelas públicas del estado. Y así una larga,
larga lista mostrando que sí que hay alternativas, como Juan Torres,
Alberto Garzón y yo hemos documentado en el libro Hay alternativas.
Y el estado español podría dejar
colapsar bancos en España (Bankia es un caso claro), estableciendo
bancas públicas o subvencionando cooperativas de crédito que lo
garanticen. El rescate financiero es una ayuda más a la banca y a las
rentas superiores que son los mayores accionistas de tales bancos, sin
que se garantice el crédito. Hoy el obstáculo mayor al ofrecimiento de
crédito es la banca, cuyo poder en España es único en la UE y en la
OCDE. Lo que ocurre con los desahucios es un escándalo sin paralelo en
otros países.
Estos tres hechos ocurridos al final de
septiembre son indicadores del enorme poder de una minoría que está
consiguiendo lo que siempre desearon: la destrucción de los sindicatos,
la eliminación de la protección social, la bajada de salarios y la
desaparición del estado del bienestar.
Permítanme que añada otro hecho digno de
mención. El cuarto hecho: las movilizaciones del movimiento 15-M y
otros movimientos para denunciar al Congreso, en Madrid. Fue sabio de
este movimiento renunciar a la ocupación del congreso. Pero fue digno de
ser aplaudido que intentaran denunciar lo que estaba ocurriendo dentro
de él, pues los otros tres hechos son un indicador de la violación a la
democracia que está ocurriendo en España. Ninguna de tales políticas
traducidas en aquellos tres hechos tiene un mandato popular. Hoy, la
mayoría del Congreso es un instrumento que claramente ni representa ni
está al servicio de la mayoría de la población española. Sus políticas
no han sido aprobadas por la ciudadanía española. No son los que se
manifiestan los que están atacando a la democracia sino los que están
dentro (refiriéndome a los partidos que están aprobando tales políticas
sin mandato popular) que están violando la democracia.
Fuente
