Hace casi un año que España celebró elecciones generales y se
invistió a un nuevo Presidente del Gobierno que, junto a su gabinete, se
han caracterizado por “abusar” de su mayoría absoluta y legislar a
“golpe de
Decretos-Ley”,
es decir, leyes que no requieren la aprobación del Parlamento y,
directamente, emanan del propio Gobierno. Durante los primeros meses,
muchos españoles hemos temido los viernes, día en el que se celebran los
Consejos de Ministros, porque de estas reuniones siempre han salido
reformas y recortes y, por lo que parece, la práctica se va a seguir
manteniendo. Según se ha filtrado hoy,
a través de Piratas de Cataluña, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha preparado
un borrador de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que, al estilo de la infame Ley Sinde-Wert, el ejecutivo
parece dispuesto a golpear Internet
y orientar la red al modelo que imponen las entidades de gestión de los
derechos de autor y la arcaica industria de los contenidos.
El borrador articula un Decreto-Ley,
la fórmula legal que evita pasar por el Congreso de los Diputados y
que, teóricamente, solamente debe utilizarse en casos de urgencia, con
el que el Gobierno (a través del Ministerio de Cultura) pretende
reformar la Ley de Propiedad Intelectual en la que destacan tres
aspectos, en mi opinión altamente preocupantes:
-
El famoso canon digital, es decir, el gravamen que
sufren los soportes de grabación y dispositivos electrónicos se confirma
(como ya se adelantó cuando se aprobó la Ley Sinde)
que pasará a ser sufragado por todos los ciudadanos puesto que se
abonará una compensación económica a las entidades de gestión que saldrá
de los presupuestos generales del Estado. Dicho de otra forma, nuestros
impuestos pasarán a pagar a entidades como la SGAE que, a su vez,
deberá hacer el reparto de este dinero entre autores, productores y
discográficas.
-
El concepto de copia privada también se ve
modificado y sufre un sesgo enorme puesto que, de aprobarse este
borrador, se considerará copia privada únicamente a las copias que se
realicen de obras que hayamos comprado previamente o que procedan de una
grabación de la radio o la TV. Es decir, de aprobarse este texto, no
sería legal realizar una copia de un disco que nos haya prestado un
amigo (aunque él lo haya comprado y nosotros vayamos a usarlo para
consumo interno) o que esté depositado en una biblioteca.
-
Internet, las páginas web y las redes sociales también se ven
seriamente amenazadas por este documento puesto que se incluye el infame
artículo 158.bis en el que se obliga a los gestores de
cualquier página web a informar a la autoridad competente (al
Ministerio de Cultura) una relación de las obras (vídeos, imágenes,
documentos sonoros, libros, etc) que tengan enlazadas y las
autorizaciones concedidas por los titulares de los derechos de las
mismas que posean para poder publicarlas (una acción que de no hacerse
supone sanciones económicas de hasta 150.000 euros, el cierre de la web y
si ésta opera desde España, entonces el bloqueo de la misma desde el territorio nacional).
En mi opinión, si este texto se aprobase,
el panorama se tornaría excesivamente gris y, desde luego,
España retrocedería prácticamente 50 años.
El artículo 158.bis es un ataque frontal al funcionamiento de Internet
porque no solamente afecta a las llamadas webs de enlaces de descarga
sino que también afectaría a los buscadores que, por ejemplo, no podrían
enlazar con imágenes que cuenten con
copyright (imaginemos una
fotografía colgada en Flickr por un usuario que la subió sin ponerle
licencia Creative Commons y con el que Google tendría que contactar para
obtener los permisos oportunos para poder mostrar el resultado en el
buscador de imágenes).
Siguiendo la senda de la Ley Sinde, en la que los tribunales
brillaban por su ausencia, estas modificaciones de la Ley de Propiedad
Intelectual legitiman al Ministerio de Cultura para actuar directamente y
ejecutar el cierre de webs o la imposición de sanciones, de hecho, el
cierre se haría sin notificación directa al afectado y
se publicarían en el tablón de anuncios del Ministerio de Cultura (para eso sí que funciona la Administración Electrónica en España).
Si al cerco que se va a imponer a la red es bastante preocupante,
la rebaja en el derecho a la copia privada es aún más retrógrado
si cabe, una maniobra estrechamente vinculada al aparato de la
industria de los contenidos que sale excepcionalmente reforzada con este
borrador. ¿Y por qué salen reforzados? Por un lado, el borrador disipa
cualquier vía para reclamar la devolución del canon cobrado injustamente
(hemos pagado canon por CDs destinados a grabar las fotos de nuestras
vacaciones o empresas que los usaban para sus copias de seguridad) y,
encima,
el sustituto del canon saldrá de los Presupuestos Generales del Estado y entidades como la SGAE (esa que
nos brindó un gran escándalo)
son las encargadas de administrar estos fondos públicos para compensar a la industria por esa copia privada que, además, se ve bastante recortada.
Es una pena que, a pesar de estar en el año 2012 y buscar el
entendimiento entre las partes implicadas o se propicie la búsqueda de
nuevos modelos de negocio, se legisle de manera conservadora
beneficiando a un modelo de industria cultural obsoleto y arcaico que se
apoya únicamente en legislaciones y
copyright. Los gobiernos
deberían luchar contra las situaciones abusivas en vez de recortar
derechos y, sobre todo, en épocas de crisis y recesión (donde se
recortan prestaciones o se intenta desmantelar la sanidad gratuita y
universal) no deberían darse fondos públicos a entidades como la SGAE
después de todo el escándalo de sociedades, cuentas maquilladas y fraude
que se destapó con la anterior directiva.
Imagen:
Gobierno de España
Fuente
http://alt1040.com/2012/11/borrador-reforma-propiedad-intelectual