El objetivo es eliminar las “cuestiones controvertidas y susceptibles
de adoctrinamiento ideológico” de la asignatura más polémica de las
tres últimas legislaturas:
Educación para la Ciudadanía.
En la práctica esto implicará menos contenidos sobre los conflictos
sociales y las desigualdades, obviar las escasas referencias a la
homosexualidad, e incorporar como nuevos temas la defensa de la
iniciativa privada y la crítica del “nacionalismo excluyente”.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, había anunciado nada más
llegar al cargo que transformaría la asignatura, que rebautizará como
Educación Cívica y Constitucional. La Conferencia Episcopal Española,
que ha encabezado la oposición contra la materia desde su implantación
en 2006, aplaudió su intervención a la espera de concreciones. El
próximo jueves, el Ministerio de Educación propondrá los nuevos
contenidos de la asignatura de Ciudadanía que se cursa en 2º o 3º de
ESO, dependiendo de la comunidad. La propuesta, a cuyo contenido ha
tenido acceso EL PAÍS, elimina la única mención del decreto 1631/2006 a
la homosexualidad, uno de los puntos más conflictivos para los
opositores a la asignatura y los obispos —se hacía referencia al rechazo
a la homofobia—. Borra cuestiones que aluden, de forma más o menos
directa, a conflictos o tensiones sociales —como las “actividades
sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria”—.
E incluye otros conceptos, como nacionalismos excluyentes, terrorismo,
el papel de la iniciativa económica privada “en la generación de la
riqueza” o el respeto a la propiedad intelectual. En general, el nuevo
diseño hace más hincapié en el respeto a los límites legales y
constitucionales a los que se han de atener los ciudadanos. En muchos
casos, se sustituyen simplemente los contenidos anteriores por
referencias mucho más genéricas. “Ninguno de los puntos que se proponen
eliminar fueron objeto de controversia durante la negociación de los
contenidos de la materia”, en 2006, en la que estuvo presente la
patronal de los colegios católicos, asegura el entonces secretario
general de Educación, Alejandro Tiana. Sí lo fueron después.
La polémica en torno a esta materia, que los alumnos estudian en
clases de una hora semanal, arrancó con mucha fuerza tras su
implantación y se fue diluyendo con los años. En 2009 había 114
objetores de conciencia de 800.000 estudiantes, según el último recuento
realizado por este periódico. En esa misma fecha, el Tribunal Supremo
concluyó, tras centenares de causas judiciales y sentencias dispares en
los tribunales autonómicos,
que no se puede objetar a esta materia obligatoria, aunque pidió que se controlara el contenido de los manuales.
Cambios en las becas y en la FP
La conferencia de Educación prevista para el jueves, que abordará los
cambios en Ciudadanía, incluye también la presentación del real decreto
que endurece los criterios para ser beneficiario de una beca
universitaria. El Ministerio de Educación ha aprobado ya un cambio en la
forma de cobrar las tasas universitarias, con horquillas de precios que
supone hasta 540 euros más por alumno y curso, según sus propias
estimaciones. La propuesta relativa a las ayudas, que quieren aplicar
también el curso que viene, recoge que las becas salario (con matrícula
más asignación mensual) solo se conserven si el estudiante aprueba el
100% de los créditos matriculados. Este tipo de beca está pensada para
que los hijos de las familias más pobres no dejen los estudios tras la
formación obligatoria. El porcentaje en el caso de carreras técnicas,
como Ingeniería o Arquitectura, baja al 85%. La nota mínima para acceder
a la ayuda será de un 6, medio punto más que ahora. Y para recibir la
beca de matrícula hará falta un 5,5 frente al 5 actual. Renovar la beca
requerirá aprobar el 90% de los créditos o el 65% en carreras técnicas.
Hasta ahora se exige superar el 80% para conservarlas y el 60% en
Ingenierías. Otra de las iniciativas nuevas es el cambio a un sistema de
Formación Profesional dual, similar al modelo alemán, que combina a la
vez el estudio en las aulas con el trabajo remunerado en las empresas.
Es un sistema difícil de copiar en España, entre otros motivos, porque
requiere un número muy alto de empresas dispuestas a asumir una parte
alta del coste del aprendizaje.
Entonces, las asociaciones de objetores reclamaron diálogo al
Gobierno socialista para consensuar unos contenidos en los que debían
quedar fuera las referencias a la moral, la afectividad o rechazo a la
discriminación de los homosexuales. De hecho, citaban textualmente algún
epígrafe que ahora el ministerio propone eliminar, como el que se
refiere al racismo, la xenofobia y la homofobia.
El ministerio anunció en enero que intentaría aplicar los cambios “lo
antes posible”, en referencia al curso que viene, por lo que ahora se
cambiarán los contenidos y el año próximo, el nombre (para esto hace
falta cambiar la ley orgánica). Estos son los principales giros de la
nueva Educación Cívica y Constitucional en la ESO:
Homosexualidad. Elude la referencia a los afectos y
las emociones o a las relaciones entre hombres y mujeres. Borra un
párrafo completo sobre el aprendizaje de “la valoración crítica de la
división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales
racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”. La alternativa
se centra en “la familia en el marco de la Constitución Española”, la
noción de la ciudadanía o “los criterios jurídicos de adquisición de la
nacionalidad española”.
Desigualdades. Educación para la Ciudadanía se
concibió, entre otros aspectos, para enseñar a los alumnos a argumentar
opiniones y juicios de forma razonada “con una actitud de compromiso”
para mejorar la realidad. Este entrecomillado se elimina, igual que el
que entendía los derechos y deberes humanos “como conquistas históricas
inacabadas”. También desaparece la referencia a la “compensación de las
desigualdades” o “el rechazo de las discriminaciones provocadas por las
desigualdades personales, económicas o sociales”. Frente a ellas, se
propone una visión más institucional y genérica, con epígrafes como “el
deber de transparencia en la gestión pública”, “el Parlamento”, “las
elecciones” o “la opinión pública”. Elimina la referencia a “riqueza y
pobreza” o “la falta de acceso a la educación como fuente de pobreza”.
Terrorismo y nacionalismo excluyente. Los alumnos ya
no centrarán su aprendizaje en la existencia de un “mundo desigual”,
sino que abordarán conflictos del mundo: terrorismo, fanatismo
religioso, estados fallidos o los “nacionalismos excluyentes”.
Economía. El bloque que estudia las sociedades
democráticas del siglo XXI incluye un epígrafe nuevo sobre “la dimensión
económica de la sociedad humana”. Alude a las libertades políticas y
económicas y al papel “de la iniciativa económica privada en la
generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”.
Propiedad intelectual. Tras la polémica por la
llamada Ley Sinde, cuyo reglamento vio la luz con el PP, el temario
incluye el concepto de “respeto a la propiedad intelectual”, además de
otras propuestas como la gestión de desechos, preservación del
patrimonio, la contaminación acústica o los deberes hacia la naturaleza y
el medioambiente.
Seis años de batalla judicial y política
La ley. Abril de 2006. Se aprueba la Ley Orgánica de
Educación. Incluye la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos en 5º o 6º de Primaria y 2º o 3º de ESO. También se
introducen contenidos de Ciudadanía en materias que ya existían: Ética
de 4º de ESO y Filosofía de 1º de Bachillerato.
La objeción. Junio-julio de 2006. El obispo Antonio Cañizares dice
que la materia “es un ataque más a la familia”. El Foro Español de la
Familia llama a los padres a la objeción.
La primera sentencia. Marzo de 2008. El Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconoce el derecho de unos
padres de Bollullos Par del Condado (Huelva) a la objeción. Luego
vendrían otras sentencias en ambos sentidos.
El no del Supremo. Enero- febrero de 2009. El Supremo dice que no se puede objetar.
Los libros de texto. Julio de 2009. El TSJA admite a trámite el
recurso de una familia contra un libro de Ciudadanía. En octubre de 2010
se decidió que el libro era adoctrinador, pero, en lugar de prohibirlo,
volvió a avalar la objeción del alumno.
El Constitucional. Diciembre de 2010. El abogado del
Estado argumenta que la educación no es monopolio exclusivo de los
padres ante el primer recurso de amparo sobre la objeción de conciencia,
aún pendiente de decisión.
Suspensos. Enero de 2011. Un juzgado de Madrid anula
el suspenso impuesto a una niña que no asistió a clase de Educación
para la Ciudadanía, pero hizo el examen y lo aprobó.
La eliminación. Enero de 2012. El ministro de
Educación, José Ignacio Wert, anuncia que sustituirá la asignatura por
otra “libre” de todo punto susceptible de adoctrinar.
Fuente:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/18/actualidad/1337372224_754584.html
